La estabilidad económica de México enfrenta un periodo de escrutinio por parte de organismos financieros internacionales. Durante el mes de mayo, las principales agencias calificadoras de riesgo, S&P Global Ratings y Moody’s Ratings, realizaron ajustes significativos en sus evaluaciones sobre la calidad crediticia del gobierno federal, fundamentando sus decisiones en la persistencia del déficit fiscal y un entorno de crecimiento económico limitado.
En primera instancia, S&P Global Ratings modificó la perspectiva crediticia del país de estable a negativa. Aunque la calificación se mantuvo en el nivel BBB —un peldaño por encima del grado de inversión mínimo—, la agencia advirtió sobre los riesgos derivados de una consolidación fiscal lenta. Según el reporte técnico, el incremento en la carga de intereses y una deuda pública mayor a la proyectada son factores que comprometen la salud financiera del Estado.
Por su parte, Moody’s Ratings aplicó un ajuste a la baja en la calificación soberana, pasando de Baa2 a Baa3, situando al país en el umbral previo a la pérdida del grado de inversión bajo su metodología. La institución señaló que existe una percepción de debilitamiento sostenido en la fortaleza fiscal, agravado por la rigidez en el gasto público y el soporte financiero continuo destinado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El análisis de las finanzas públicas durante el primer cuatrimestre del año revela una brecha entre lo proyectado y lo ejecutado. Los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 2 billones 954.8 mil millones de pesos, cifra que representa un déficit de 92.2 mil millones de pesos frente a lo programado por la Secretaría de Hacienda.
En el desglose de la recaudación tributaria se observan los siguientes datos críticos:
- La recaudación total del gobierno federal presentó una disminución del 1.6 por ciento en términos reales comparado con el ciclo previo.
- El Impuesto sobre la Renta (ISR), pilar del ingreso fiscal con una aportación del 55 por ciento del total, registró una caída real del 6.2 por ciento.
- El ingreso por ISR quedó 55.4 mil millones de pesos por debajo de las metas establecidas para este periodo.
En lo referente al gasto público, se reportó un crecimiento anual del 1.4 por ciento. No obstante, las cifras oficiales indican un subejercicio o gasto no ejercido de 351.1 mil millones de pesos. Especialmente sensible es la contracción del 18.4 por ciento real en el gasto destinado a inversión física, lo cual limita la capacidad de expansión productiva del país a corto y mediano plazo.
Esta coyuntura nacional tiene eco en la dinámica económica de entidades federativas como Querétaro. Históricamente, el estado ha mantenido una gestión financiera destacada por su baja dependencia de deuda; sin embargo, la reducción en la recaudación federal participable y el estancamiento de la inversión pública nacional impactan directamente en las transferencias federales hacia los estados.
Eventos previos de ajuste fiscal en México han demostrado que la disminución de los márgenes de maniobra en la Secretaría de Hacienda suele derivar en una reducción de recursos para proyectos de infraestructura regional, un área clave para el crecimiento de la zona del Bajío. La falta de dinamismo en la inversión física, reportada actualmente por Hacienda como un efecto de los calendarios de ejecución, pone a prueba la capacidad de resiliencia de las finanzas estatales ante posibles recortes en los convenios de coordinación fiscal.
La convergencia en las evaluaciones de las calificadoras subraya una preocupación central: el riesgo de que la trayectoria fiscal se aleje de un camino sostenible. El desafío para la administración federal radicará en equilibrar el apoyo a las empresas estatales con la necesidad de fortalecer los ingresos tributarios y reactivar la inversión pública para recuperar la confianza de los mercados internacionales.
