La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) enfrenta cuestionamientos administrativos tras la publicación de proyectos de licitación para la modernización y mantenimiento de tramos carreteros en Puebla. Los documentos presentados para consulta pública bajo la gestión de Jesús Esteva registran inconsistencias técnicas y jurídicas que podrían comprometer la viabilidad de las obras proyectadas para la red federal de carreteras libres de peaje.
Uno de los puntos centrales detectados es la ausencia de suficiencia presupuestaria autorizada para contratos plurianuales. Aunque la SICT propone esquemas de ejecución a cuatro años para la conservación de vías, los registros no muestran la autorización correspondiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta carencia de una fuente de pago garantizada dificulta que las empresas contratistas accedan a líneas de crédito para iniciar las labores de modernización.
Asimismo, se han identificado contradicciones en el marco legal aplicado:
- Se mantiene el uso supletorio de la Ley de Obras Públicas, a pesar de la reciente entrada en vigor de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
- Las bases se presentan como licitaciones públicas internacionales bajo tratados comerciales, pero restringen la participación exclusivamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
- Se fundamenta la creación de fideicomisos de administración citando la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en lugar de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Para el estado de Querétaro, la correcta ejecución de la infraestructura carretera en entidades vecinas y puntos clave de la zona centro es fundamental. La entidad funciona como el principal nodo logístico del país, por lo que cualquier retraso o declaratoria de licitaciones desiertas en proyectos federales impacta directamente en el flujo de mercancías y en la competitividad del Bajío. La certeza jurídica en los procesos de contratación es, por tanto, un factor de estabilidad para las empresas transportistas y de manufactura que operan en la región queretana.
En contraste con las dificultades administrativas federales, el estado de Guanajuato reportó una nueva inversión por 26 millones de dólares por parte de la empresa Kromberg & Schubert. La firma, especializada en cableado para vehículos de alta gama, ampliará sus capacidades en las plantas de San Francisco del Rincón e Irapuato.
Este proyecto contempla la creación de mil nuevos empleos directos. Hasta el momento, la entidad vecina ha alcanzado el 50 por ciento de su meta de atracción de capitales para el actual periodo de gobierno, sumando 4 mil millones de dólares mediante 56 proyectos industriales, lo que refuerza la dinámica económica del corredor industrial del que Querétaro forma parte integral.
En el ámbito diplomático, diversos sectores analizan el estado de la interlocución entre el Gobierno de México y la administración de Estados Unidos. En foros empresariales y diplomáticos, como los organizados por la American Society of Mexico, se mantiene bajo observación la confianza de los inversionistas extranjeros frente a los cambios regulatorios y el cumplimiento de tratados comerciales.
Temas críticos como la seguridad, la migración y las reglas de inversión se mantienen en la agenda bilateral. Analistas señalan que la claridad en las reglas del juego y el respeto a los canales institucionales serán determinantes para evitar un desgaste en la relación con el principal socio comercial del país.
Finalmente, en el sector financiero, Banca Mifel y Mexicana de Aviación formalizaron una alianza estratégica para el lanzamiento de un producto crediticio vinculado al sector de viajes. Esta iniciativa busca incentivar el uso de la aerolínea estatal mediante beneficios operativos y comerciales.
Mexicana de Aviación, bajo la dirección de Leobardo Ávila Bojórquez, planea extender su red de rutas hacia el segundo semestre del año, incluyendo destinos hacia el Bajío y el sur del país. La estrategia contempla el incremento paulatino de su flota operativa para alcanzar 20 aeronaves hacia el año 2027.
