El Estado mexicano ha sido sentenciado a realizar un pago de 270 millones de dólares a favor de un grupo de inversionistas vinculados a la empresa perforadora Oro Negro. Esta determinación surge tras un prolongado proceso de arbitraje internacional gestionado ante un tribunal con sede en Canadá, el cual falló en contra de la administración federal en el marco de protecciones a la inversión extranjera.
