Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó los señalamientos que sugieren la existencia de acuerdos entre el Gobierno Federal y grupos de la delincuencia organizada. La mandataria calificó estas versiones como carentes de sustento y dirigió sus críticas hacia figuras de la oposición y administraciones pasadas.
Sheinbaum Pardo afirmó que los vínculos entre el poder político y el crimen organizado terminaron en 2018. Según su declaración, las acusaciones de «romper el pacto» son infundadas, argumentando que las estructuras de complicidad se establecieron durante el sexenio de Felipe Calderón. La titular del Ejecutivo enfatizó que su administración no mantiene compromisos, ni públicos ni privados, con grupos delictivos o de «cuello blanco».
En su intervención, la presidenta señaló directamente a Jorge Romero, actual dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Hizo referencia a las investigaciones sobre irregularidades en el sector inmobiliario en la Ciudad de México, mencionando que excolaboradores del líder partidista enfrentan procesos legales por la construcción de inmuebles fuera del marco de la ley durante su gestión local.
Asimismo, la mandataria aludió a la relación entre intelectuales y administraciones previas. Citó el caso del analista Héctor Aguilar Camín, a quien señaló por haber recibido financiamiento directo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con estas menciones, Sheinbaum buscó contrastar la gestión actual con lo que denomina las prácticas del periodo neoliberal.
La postura de la administración federal también abordó las declaraciones recientes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sostenido que los cárteles ejercen el control en diversas regiones de México. Ante la posibilidad de una intervención extranjera para combatir la inseguridad, Sheinbaum instó a mantener la vigilancia sobre las intenciones de actores externos.
- Trump ha reiterado que, si el gobierno mexicano no logra frenar el tráfico de estupefacientes, Washington tomará medidas directas.
- Las tensiones se han agudizado tras señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas locales y la reciente presencia de agentes de la DEA en operativos en territorio nacional.
- La presidenta matizó que estas posturas no representan necesariamente la visión total del gobierno de Estados Unidos, sino de individuos específicos dentro de dicho sistema.
En el ámbito regional, el estado de Querétaro ha mantenido una postura de coordinación institucional con la Federación en materia de seguridad, enfocándose en el blindaje de sus fronteras y la vigilancia de tramos carreteros estratégicos. La discusión sobre la influencia de los grupos delictivos a nivel nacional impacta directamente en las agendas locales, donde la cooperación técnica con agencias internacionales y federales sigue siendo un punto de debate respecto a la soberanía y la eficacia operativa.
La reciente controversia sobre la actuación de la DEA en estados como Chihuahua, donde agentes estuvieron involucrados en incidentes recientes, ha reforzado la narrativa del Ejecutivo Federal sobre la necesidad de establecer límites claros en la participación de organismos extranjeros en labores de inteligencia y seguridad pública dentro de México.
