La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León formalizó el inicio de un procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. Esta determinación legislativa surge a raíz de denuncias sobre una presunta triangulación de recursos públicos que habrían sido dirigidos hacia despachos jurídicos propiedad de sus familiares directos.
La solicitud, que fue puesta sobre la mesa por la representación parlamentaria de Morena a inicios del mes de junio, recibió el aval administrativo necesario para continuar con las etapas procesales correspondientes. A pesar de la inasistencia de algunos integrantes de la bancada promovente durante la sesión, la votación mayoritaria en la comisión permitió que el dictamen avanzara conforme a la normativa interna del Poder Legislativo.
Tras la aprobación del dictamen, el mandatario estatal deberá ser notificado formalmente sobre la apertura del proceso. De acuerdo con los tiempos establecidos en la ley local, el titular del Ejecutivo contará con un periodo de 15 días hábiles para presentar su declaración inicial y aportar las pruebas que considere pertinentes en su defensa.
El procedimiento otorga al señalado la facultad de comparecer ante el Congreso de manera presencial o, en su defecto, mediante un informe por escrito. Este mecanismo busca garantizar el derecho de audiencia antes de que el pleno tome una determinación definitiva sobre la responsabilidad del funcionario en los hechos imputados.
El trasfondo de este juicio político se vincula con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), que señalan la existencia de un esquema financiero diseñado para el movimiento de capitales públicos. Según las investigaciones preliminares, el monto bajo sospecha asciende a más de mil millones de pesos.
El modelo de operación detectado involucraría el flujo de capitales desde organismos gubernamentales y proyectos de infraestructura hacia la entidad denominada Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Dicha firma cuenta entre sus accionistas principales a Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del gobernador, respectivamente.
- Los recursos habrían sido canalizados inicialmente a través de contratos con el gobierno estatal.
- Posteriormente, los fondos se transferían al despacho fiscal de la familia García.
- El destino final de una parte significativa de estos recursos fue la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
- Se investigan transferencias realizadas hacia cuentas bancarias en Estados Unidos con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero.
Este suceso en el norte del país resuena en el panorama nacional como un recordatorio de la vigilancia sobre el uso del erario. En estados como Querétaro, la fortaleza de los sistemas locales anticorrupción y la autonomía de los órganos de fiscalización han sido temas recurrentes en la agenda legislativa para prevenir conflictos de interés y asegurar que la administración pública mantenga una separación clara entre las finanzas del Estado y los patrimonios privados.
Ante el avance del juicio en el Congreso, Samuel García ha desestimado las acusaciones, calificándolas como una repetición de señalamientos que ya habían sido abordados con anterioridad. El gobernador sostiene que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya realizó una revisión de dichos movimientos financieros, concluyendo en su momento con una resolución de no ejercicio de la acción penal.
A través de sus canales oficiales, el mandatario ha enfatizado que no existen irregularidades comprobadas y que el proceso legislativo carece de sustento jurídico ante las resoluciones previas de las autoridades investigadoras locales. El caso continuará su curso en el Poder Legislativo, donde se evaluará la contundencia de las pruebas presentadas por ambas partes.
