La administración de la Ciudad de México ha formalizado la implementación del Registro de Estancias Turísticas Eventuales, un mecanismo obligatorio diseñado para fiscalizar y ordenar el mercado de alojamiento temporal mediante plataformas digitales. Esta normativa establece un marco jurídico que condiciona la operación de inmuebles destinados al turismo, exigiendo transparencia informativa y el cumplimiento de estándares de seguridad específicos para quienes fungen como anfitriones en la capital del país.
En el contexto regional, este movimiento en la capital del país resuena en entidades como Querétaro, donde el crecimiento de los servicios de hospedaje por aplicación ha generado un debate constante entre el sector hotelero establecido y los prestadores de servicios digitales. La medida adoptada en la Ciudad de México se perfila como un referente administrativo para otras zonas metropolitanas del centro del país que buscan equilibrar la actividad turística con el ordenamiento urbano y la recaudación fiscal.
Para dar de alta un inmueble en el nuevo padrón, los interesados deberán acceder a la plataforma oficial del gobierno local utilizando su cuenta de Llave CDMX. El sistema permite que cada anfitrión registre un máximo de tres propiedades, debiendo presentar documentación que acredite la legalidad y seguridad del espacio ofrecido.
Los requisitos indispensables para completar la inscripción incluyen:
- Nombre completo o razón social, junto con el domicilio del anfitrión.
- Documentación que acredite la propiedad o posesión legal del inmueble.
- Identificación oficial vigente y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- Constancia de situación fiscal actualizada.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir eventualidades con los huéspedes.
- Número telefónico de contacto para la atención inmediata de quejas o emergencias.
- Exhibición del folio de registro en un lugar visible dentro del inmueble.
La nueva normativa no solo recae sobre los dueños de los inmuebles, sino que impone responsabilidades estrictas a las empresas tecnológicas como Airbnb, Booking o plataformas similares. Estas entidades deberán integrar campos obligatorios en sus interfaces para que cada anuncio muestre su folio de padrón correspondiente.
Asimismo, las empresas están obligadas a entregar reportes semestrales ante la Secretaría de Turismo local, detallando el número de ocupaciones y las noches de estancia registradas. Existe también un compromiso de verificación interna para asegurar que los inmuebles sin un folio válido sean retirados de la oferta pública de manera inmediata.
El marco legal concede un periodo de 30 días naturales para que las plataformas realicen los ajustes técnicos necesarios y completen su registro. En caso de incumplimiento, los anfitriones quedarán inhabilitados para ofrecer sus servicios de alojamiento a través de estos medios digitales. Esta estructura busca evitar el desplazamiento de residentes en barrios tradicionales y mitigar prácticas de gentrificación mediante el control de la oferta de hospedaje temporal.
Finalmente, el sistema contempla la entrega de reportes trimestrales por parte de los administradores de los inmuebles, lo que permitirá a las autoridades mantener una estadística real sobre el flujo de visitantes y el impacto de estas modalidades de alojamiento en la infraestructura de la ciudad.
