Las autoridades estatales de Chiapas han iniciado un proceso de investigación interna y penal tras la difusión de materiales audiovisuales que muestran a elementos de seguridad pública en actos que presuntamente constituyen tortura y abuso de autoridad contra personas bajo custodia.
Ante la divulgación de las grabaciones en plataformas digitales, el titular del Ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó de manera pública a la Fiscalía General del Estado que se actúe con celeridad para identificar y sancionar a los responsables de estas agresiones. El mandatario enfatizó la obligatoriedad de respetar la integridad física de cualquier individuo bajo proceso judicial, independientemente de la naturaleza de las acusaciones en su contra.
De acuerdo con los reportes derivados del análisis de los videos, en los hechos habrían participado agentes adscritos a diversas corporaciones, entre las que destacan:
- La Fuerza de Reacción Inmediata Penitenciaria (FRIP).
- Elementos de la Policía Estatal.
- Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado.
Las evidencias gráficas muestran a los oficiales utilizando bolsas de plástico para asfixiar momentáneamente a los detenidos, una práctica catalogada internacionalmente como tortura. Entre los señalados por organizaciones civiles y observadores se encuentra un mando identificado como el comandante regional de la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos, quien presuntamente coordinó las acciones captadas.
Por su parte, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la apertura de una carpeta de investigación oficial. El funcionario estatal designó a un grupo especializado del Ministerio Público para recabar las pruebas necesarias y deslindar responsabilidades legales entre el personal involucrado.
La institución informó que se mantendrá bajo escrutinio el actuar de los elementos para asegurar que los protocolos de detención y custodia se ajusten a los marcos legales vigentes. Se espera que en las próximas jornadas se den a conocer los avances sobre la situación jurídica de los agentes implicados en estos hechos.
Este incidente ocurre en un clima de alta exigencia social por la transparencia policial en México. En entidades como Querétaro, la capacitación constante en materia de derechos humanos y la implementación de cámaras corporales han sido estrategias clave para mitigar riesgos de abusos y garantizar el debido proceso. Los eventos en el sureste mexicano resaltan la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión externa para evitar que las corporaciones de seguridad incurran en prácticas fuera de la ley.
La administración estatal de Chiapas ha reiterado que el uso de la fuerza debe ser proporcional y estrictamente apegado a la normativa, subrayando que la justicia no puede fundamentarse en la violación de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
