La política económica de México enfrenta un punto de inflexión tras los recientes ajustes en las perspectivas crediticias por parte de las agencias Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). Tras una década centrada en la contención del gasto operativo y la reducción de la inversión, el debate nacional se desplaza ahora hacia la necesidad de una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos para frenar el deterioro de las finanzas soberanas.
Durante los últimos años, la estrategia de consolidación fiscal en el país se ha concentrado primordialmente en la reducción de egresos. No obstante, este enfoque muestra signos de agotamiento. Al cierre de 2024, México registró un déficit fiscal del 5.8 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública situada en el 52 por ciento de la economía nacional.
El análisis de los indicadores financieros revela que el margen de maniobra presupuestario es cada vez más estrecho debido a tres presiones estructurales: el costo financiero derivado de las tasas de interés, el creciente gasto en pensiones y las transferencias recurrentes para el sostenimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Estas obligaciones, calificadas como gasto rígido, han provocado que los ajustes recaigan de forma desproporcionada en la inversión pública y el mantenimiento de infraestructura esencial.
Para entidades como Querétaro, la discusión sobre una reforma fiscal y la degradación de las perspectivas crediticias tiene implicaciones directas en la competitividad regional. Como centro industrial estratégico y receptor clave de inversión extranjera, el estado depende de la estabilidad macroeconómica nacional para concretar proyectos de infraestructura eléctrica, logística y de agua. Una reducción sostenida en la inversión pública federal, que según estimaciones absorbió el 70 por ciento del ajuste fiscal a inicios de 2025, limita la capacidad de la zona del Bajío para capitalizar las tendencias de relocalización de empresas o nearshoring.
Ante la inviabilidad de continuar recortando el gasto sin comprometer el crecimiento a largo plazo, la administración federal analiza mecanismos para elevar la recaudación. Los especialistas sugieren que una reforma efectiva no debería centrarse únicamente en aumentar la carga sobre los contribuyentes cautivos, sino en implementar cambios estructurales:
- Revisión y eliminación de exenciones y regímenes preferenciales sin justificación económica.
- Combate directo a los espacios de evasión y elusión fiscal que erosionan la base tributaria.
- Formalización de sectores económicos para ampliar la masa de contribuyentes.
- Asegurar que los nuevos ingresos se destinen a inversión con alta rentabilidad social y no exclusivamente a gasto corriente.
Más allá de las modificaciones al código fiscal, la estabilidad de la razón deuda/PIB depende directamente del dinamismo económico. En este sentido, la revisión del T-MEC programada para julio de 2026 surge como un evento determinante para las expectativas de inversión privada. Preservar la certidumbre regulatoria y jurídica es visto por los analistas como una medida de bajo costo presupuestario pero de alto impacto para reactivar el mercado interno.
Finalmente, la situación financiera de Pemex permanece como el desafío central de este proceso. Cualquier intento de reforma que no incluya una ruta crítica para mitigar la presión que la petrolera ejerce sobre el erario nacional podría resultar insuficiente. La consolidación de las finanzas públicas mexicanas requiere, por tanto, un equilibrio entre la eficiencia en la recaudación, la calidad en la ejecución del gasto y la generación de confianza para el sector inversor.
