La organización de una Copa del Mundo representa uno de los desafíos logísticos y financieros más significativos para cualquier nación. México, que se encamina a ser el primer país en albergar el torneo por tercera ocasión en 2026, mantiene un historial complejo entre los beneficios proyectados y las realidades económicas observadas tras las ediciones de 1970 y 1986.
Históricamente, los compromisos adquiridos por México ante la FIFA han derivado en la creación de infraestructura que permanece como parte del activo urbano del país. Un ejemplo emblemático de esta dinámica se encuentra en Querétaro; el Estadio Corregidora fue construido específicamente para la Copa del Mundo de 1986, consolidándose desde entonces como un recinto fundamental para el deporte y la economía regional, a diferencia de otras sedes internacionales que han visto sus estadios caer en el abandono.
No obstante, la narrativa oficial suele contrastar con los análisis de costo-beneficio. Si bien los torneos de 1970 y 1986 dejaron una huella de identidad y modernización, los procesos de organización se ejecutaron bajo esquemas de presión presupuestaria y urgencia técnica, factores que suelen elevar los costos operativos por encima de las estimaciones iniciales.
La experiencia internacional sugiere que el impacto económico no siempre es positivo para las finanzas públicas. El caso de Brasil 2014 sirve como referente crítico: aunque el evento generó ingresos por 14 mil millones de dólares, el gasto gubernamental superó los 11 mil millones en infraestructura especializada. Este desbalance, sumado a una contracción económica posterior y a la creación de empleos temporales que no se sostuvieron a largo plazo, advierte sobre la volatilidad de estos eventos.
Para el próximo compromiso de 2026, México enfrenta una condición particular en sus acuerdos con la federación internacional. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, se establecieron compromisos que incluyen exenciones fiscales para el organismo rector del futbol y sus socios comerciales designados. Esta medida traslada la carga financiera de la logística y la seguridad directamente a las arcas públicas, sin la contraprestación directa de los impuestos derivados de la actividad comercial mayorista del evento.
Ante la imposibilidad de recaudar tributos directos por la operación del torneo, las autoridades locales han comenzado a estructurar planes para mitigar riesgos sociales y maximizar el aprovechamiento de la obra pública. En la capital del país, se ha planteado una Agenda de Derechos Humanos que contempla más de un centenar de acciones preventivas.
- Implementación de protocolos contra la trata de personas y violencia de género.
- Mejora de los sistemas de movilidad urbana en las zonas de influencia de los estadios.
- Plataformas digitales para la atención de quejas y reporte de fallas en servicios públicos.
- Estrategias de seguridad pública con enfoque en la prevención de la xenofobia.
El reto para el Estado mexicano radica en transformar la visibilidad internacional en un beneficio tangible para la ciudadanía, evitando el uso del evento como una mera herramienta de proyección política. La meta es que, a diferencia de los modelos de sedes deportivas que han derivado en crisis financieras, la infraestructura y la logística de 2026 sirvan como un motor de utilidad pública permanente.
