Durante un protocolo de traslado penitenciario desde la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la capital poblana, un interno identificado como Luis Ángel ‘N’, quien enfrenta un proceso judicial por el delito de secuestro, logró evadir la custodia de los elementos de seguridad a la altura del municipio de Amozoc.
El incidente provocó una movilización inmediata de las corporaciones estatales y municipales, las cuales desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas limítrofes y rutas estratégicas de la región. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, el protocolo de localización se mantiene activo en coordinación con diversas instancias para lograr la reaprehensión del procesado.
Derivado de la fuga, la autoridad ministerial ordenó la puesta a disposición de dos policías custodios que tenían bajo su responsabilidad el traslado del reo. El objetivo es esclarecer la mecánica de los hechos y determinar si existió negligencia o complicidad en la evasión del sujeto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, mientras que la Subsecretaría de Centros Penitenciarios realiza una auditoría interna para evaluar los protocolos de seguridad aplicados durante el trayecto.
Para la región del centro del país, que incluye a entidades como Querétaro, la seguridad en los traslados de internos de alta peligrosidad es un tema de monitoreo constante. Históricamente, la coordinación entre estados vecinos ha sido clave para prevenir que personas evadidas de la justicia logren desplazarse hacia zonas del Bajío, donde el intercambio de inteligencia entre fiscalías resulta vital para la estabilidad regional.
En un suceso paralelo que también demandó la intervención de fuerzas federales y estatales en Puebla, se registró una explosión en un inmueble utilizado para el almacenamiento de pipas de gas LP en el municipio de Tepeaca. El siniestro dejó como saldo preliminar a tres personas con quemaduras, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios de Acajete y Tecamachalco para recibir atención médica especializada.
Ante el riesgo de una reacción en cadena, las unidades de Protección Civil coordinaron la evacuación preventiva de aproximadamente 2 mil personas. El perímetro desalojado incluyó viviendas particulares, un plantel escolar y un hospital cercano al sitio de la detonación.
- Participación de 25 elementos de Protección Civil estatal.
- Despliegue de 29 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en labores de acordonamiento.
- Apoyo técnico de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el control de remanentes de combustible.
Las labores de remoción de escombros y la supervisión técnica en el área siniestrada continúan activas, mientras que las autoridades competentes evalúan los daños estructurales y las causas que originaron el estallido en el centro de almacenamiento.
