La reciente visita a territorio nacional de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la relación económica de la región. El modelo de libre comercio, tal como se concibió hace tres décadas, transita hacia un esquema de comercio administrado. Este nuevo paradigma no implica la desaparición del T-MEC, sino su evolución hacia un acuerdo sujeto a aranceles sectoriales, exenciones condicionadas y una prioridad absoluta en la seguridad económica estadounidense.
Los indicadores económicos actuales reflejan que, a pesar de las tensiones políticas, el intercambio comercial en Norteamérica mantiene su expansión, aunque bajo nuevas reglas. En marzo, las exportaciones mexicanas alcanzaron un total de 70 mil 727 millones de dólares. No obstante, se observa una disparidad significativa: mientras que las ventas del sector automotriz hacia Estados Unidos retrocedieron un 3.4 por ciento anual, la manufactura no automotriz registró un crecimiento del 43.9 por ciento.
Esta brecha evidencia el impacto de los aranceles en la reasignación de la actividad productiva. La premisa anterior, donde el cumplimiento de las reglas de origen garantizaba el libre tránsito de mercancías, ha sido sustituida por un marco donde los gravámenes al acero, el aluminio y los vehículos se consideran herramientas permanentes de negociación.
Para entidades con una vocación industrial profunda como Querétaro, este cambio de reglas resulta determinante. El estado se ha consolidado como un centro neurálgico para la proveeduría automotriz y aeroespacial, sectores que ahora enfrentan una vigilancia más estrecha en cuanto a sus cadenas de suministro. Históricamente, Querétaro ha liderado la transición hacia la manufactura avanzada, y en este nuevo escenario, su capacidad para certificar proveedores locales y garantizar certeza energética será clave para mantener la competitividad frente a las exigencias de Washington.
Un ejemplo claro de la nueva política comercial es la gestión de los aranceles al acero y aluminio. Tras la visita de Greer, se confirmó una reducción del 50 al 25 por ciento en estos gravámenes para productores vinculados a cadenas automotrices. Sin embargo, este beneficio no es generalizado: el Departamento de Comercio de Estados Unidos condiciona la rebaja a aquellas empresas que logren acreditar nuevas capacidades productivas en territorio estadounidense.
Bajo esta lógica, el arancel deja de ser una barrera comercial tradicional para convertirse en un mecanismo de relocalización industrial o nearshoring dirigido. El objetivo ya no es la eficiencia de costos global, sino el fortalecimiento de la base industrial norteamericana, limitando la dependencia de componentes provenientes de Asia.
La revisión del T-MEC pondrá especial énfasis en el contenido regional. Actualmente, la vara se sitúa en un 75 por ciento para vehículos, pero existen propuestas para elevar al 100 por ciento el origen norteamericano en componentes críticos como electrónica mayor, software y motores. Organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) han señalado la complejidad técnica de este objetivo, dado que la sustitución de insumos requiere de tiempos de homologación y contratos que no pueden resolverse de manera inmediata por decreto.
- Aceleración en la certificación de proveedores nacionales en electrónica y dispositivos médicos.
- Garantía de suministro eléctrico y reglas claras en permisos industriales.
- Reducción de la dependencia de insumos asiáticos en plazos cortos.
En conclusión, el panorama para México no depende de restaurar el pasado del libre comercio total, sino de consolidarse como el socio estratégico indispensable en un bloque económico protegido. La competitividad del país seguirá basándose en su escala industrial y cercanía geográfica, siempre que logre adaptarse a un sistema donde la política comercial es dictada por la conveniencia estratégica y no solo por la apertura de fronteras.
