La vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permitirá que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas queden fuera del alcance de la propuesta arancelaria impulsada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR). Esta medida, que surge de una investigación bajo la Sección 301 de la legislación estadounidense, buscaba inicialmente aplicar un gravamen generalizado a 60 naciones.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el acuerdo trilateral es el factor determinante que blinda el flujo comercial de la mayor parte de las mercancías nacionales. Asimismo, se confirmó que sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio mantienen su estatus bajo las órdenes 232, quedando fuera de esta nueva ofensiva comercial.
A pesar del blindaje mayoritario, un 15 por ciento de las ventas externas de México a su principal socio comercial se encuentra en una etapa de revisión. La administración federal, encabezada por la Secretaría de Economía, iniciará un periodo de consultas formales con la USTR que se extenderá por los próximos 45 días.
El punto central de estas discusiones será la transparencia en las cadenas de suministro. La investigación estadounidense señala una presunta falta de rigor en 60 economías para evitar la importación de insumos producidos mediante trabajo forzoso en terceros países. Durante el proceso de revisión, el gobierno mexicano presentará pruebas de las acciones implementadas para erradicar estas prácticas y asegurar la integridad de sus exportaciones.
La estabilidad en los aranceles es un factor crítico para estados con una fuerte vocación exportadora como Querétaro. El estado se ha consolidado como un centro neurálgico en la manufactura avanzada, especialmente en los ramos aeroespacial y automotriz, donde el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC es una práctica estandarizada por las empresas locales.
Históricamente, la economía regional ha demostrado resiliencia ante las fluctuaciones en la política comercial de Washington. En años anteriores, la imposición de gravámenes bajo la sección IEEPA —recientemente invalidados por la Suprema Corte de EE. UU.— y la Sección 122 generaron incertidumbre en el sector industrial de Querétaro. La transición hacia este nuevo esquema de la Sección 301 representa un intento de la administración estadounidense por sustituir mecanismos de control previos que están por expirar el próximo 24 de julio.
La propuesta de la USTR contempla diferentes niveles de afectación según el país y el tipo de cumplimiento normativo:
- 10 por ciento: Arancel propuesto para importaciones provenientes de México (sobre el 15% no exento), la Unión Europea, Canadá, Argentina y el Reino Unido.
- 12.5 por ciento: Tasa aplicada a otras 46 economías que no cuentan con los mismos mecanismos de integración comercial.
- 45 días: Ventana de tiempo establecida para que las naciones involucradas presenten sus argumentos antes de que la medida entre en vigor.
La dependencia federal manifestó que existe confianza en que la propuesta será modificada o eliminada para el porcentaje restante, basándose en los resultados que arrojen las mesas de discusión bilateral. El enfoque de México se centrará en demostrar que sus procesos productivos cumplen con los más altos estándares laborales y de trazabilidad exigidos por el marco del T-MEC.
