El exmando de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto ‘N’, actualmente bajo proceso judicial por presuntos delitos vinculados al tráfico ilegal de combustibles, dirigió una serie de misivas a la Presidencia de la República para denunciar irregularidades en el proceso que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR). El señalado sostiene que la acusación en su contra carece de sustento probatorio y que se han vulnerado sus derechos al debido proceso.
La defensa legal, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, argumenta que la autoridad ministerial ha obstaculizado el acceso pleno a la carpeta de investigación. De acuerdo con los representantes jurídicos, existen tomos del expediente que no han sido entregados de forma íntegra o que presentan información testada, lo que imposibilita una defensa técnica adecuada frente a las imputaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Dentro de los reclamos presentados ante el Poder Ejecutivo, Manuel Roberto ‘N’ ha enfatizado que la indagatoria de la FGR se habría originado a partir de material audiovisual de plataformas digitales, cuya veracidad y existencia formal en el expediente han sido puestas en duda por su equipo legal. El exvicealmirante asegura que se intenta fabricar una responsabilidad penal sin contar con elementos objetivos que lo vinculen de manera directa con la red de huachicol fiscal.
El caso, que se perfila como uno de los expedientes de mayor relevancia en el combate al mercado ilícito de gasolinas, involucra a una presunta estructura dedicada a la introducción irregular de hidrocarburos al territorio nacional. No obstante, el procesado insiste en que las inconsistencias en los tiempos y las formas de la fiscalía han derivado en una privación de la libertad que califica como carente de fundamentos sólidos.
La problemática del tráfico de combustibles tiene un impacto directo en el estado de Querétaro, el cual, por su ubicación geográfica estratégica y la presencia de infraestructura clave de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha mantenido bajo vigilancia constante de las fuerzas federales. En años recientes, la entidad ha registrado operativos significativos para desarticular bodegas y puntos de trasvase vinculados a redes de distribución ilícita que operan en el centro del país.
La resolución de este caso resulta de interés público para la zona del Bajío, ya que la desarticulación de las estructuras de mando en el llamado huachicol fiscal impacta en la reducción de delitos colaterales que afectan la seguridad regional. El proceso contra el exmando naval se mantiene en una fase donde los tribunales federales deberán determinar si las pruebas presentadas por la FGR cumplen con los estándares de legalidad requeridos.
Hasta el momento, la situación jurídica del imputado se resume en los siguientes puntos clave:
- Reapertura de investigación: Una jueza federal determinó ampliar el plazo de la investigación complementaria para que la defensa pueda analizar la totalidad de los datos aportados por la Fiscalía.
- Solicitud de transparencia: Se han presentado requerimientos para que la FGR entregue la documentación faltante sin testaduras que impidan la lectura de los hechos imputados.
- Intervención del Ejecutivo: La defensa busca que la administración federal revise los protocolos de actuación de la fiscalía en casos de alto perfil para garantizar el cumplimiento de las garantías individuales.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, la FGR mantiene firmes las acusaciones, sosteniendo que las pesquisas derivan de operativos previos donde se aseguraron cargamentos de combustible de procedencia extranjera que no contaban con la documentación legal necesaria para su internamiento y comercialización en México.
