Las administraciones estatales de Sonora y Tamaulipas desestimaron de manera oficial los señalamientos publicados por el diario estadounidense The Los Angeles Times, que refieren presuntas investigaciones de agencias de seguridad de Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya.
A través de sus respectivos departamentos de comunicación, ambos gobiernos calificaron como falsas las versiones que vinculan a los mandatarios con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol. La controversia surge tras la difusión de un reportaje que sostiene que ambos funcionarios operan bajo un permiso migratorio especial debido a la supuesta revocación de sus visas.
En representación del gobierno de Sonora, la vocera Paloma Terán afirmó que el gobernador Alfonso Durazo mantiene su visa vigente y no ha recibido notificación alguna por parte de autoridades estadounidenses sobre procesos judiciales o administrativos en su contra. La funcionaria subrayó que el señalamiento carece de sustento y reiteró el compromiso de la administración con la transparencia.
Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, rechazó la información al considerar que se basa en versiones anónimas y rumores sin evidencia verificable. El vocero tamaulipeco criticó la gravedad de las acusaciones y la falta de documentos que respalden la tesis del medio extranjero, aunque en su pronunciamiento no se detalló específicamente el estatus actual del documento migratorio de Villarreal Anaya.
La publicación original indica que ambos gobernadores estarían sujetos a un régimen de libertad condicional por beneficio público significativo (parole), una figura legal que permite el ingreso a Estados Unidos a personas que colaboran en investigaciones oficiales, aun sin poseer una visa ordinaria. Según el reporte, Durazo sería investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos, mientras que Villarreal estaría bajo la lupa por temas relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
Ante estos cuestionamientos, Alfonso Durazo calificó el texto como una nota carente de fuentes directas y señaló que, de existir irregularidades, estas habrían sido documentadas previamente por la prensa local. El mandatario sonorense descartó realizar un viaje al país vecino únicamente para validar su documento de ingreso, argumentando que corresponde a las autoridades norteamericanas precisar cualquier información de esta índole.
Steve Fisher, el periodista responsable del artículo, sostuvo la veracidad de su investigación tras la publicación. En espacios informativos, Fisher aseguró contar con fuentes que confirman la cancelación de las visas y la existencia del permiso especial de entrada. El comunicador enfatizó que mantiene la integridad de los datos presentados pese a las negativas oficiales de los gobiernos involucrados.
Desde la Presidencia de la República, la titular del Ejecutivo Federal cuestionó las motivaciones detrás de la filtración. Se sugirió que este tipo de publicaciones forman parte de una estrategia para generar incertidumbre y ejercer presión política. El Gobierno Federal instó a revisar quiénes son los grupos interesados en difundir estas versiones en el contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
En Querétaro y el resto de la región central del país, el seguimiento de la seguridad en los estados fronterizos es un tema de relevancia debido a la interconexión de las rutas comerciales y los operativos federales de vigilancia. Antecedentes similares han ocurrido con funcionarios de diversas entidades, donde la administración de las visas se convierte en un termómetro de la cooperación institucional entre ambos países.
La situación actual pone de manifiesto la tensión entre los reportes de inteligencia filtrados y las posturas institucionales de los estados involucrados. Hasta el momento, ninguna agencia oficial de Estados Unidos, como el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, ha emitido un pronunciamiento que confirme o desmienta la existencia de investigaciones activas contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
- Los gobiernos estatales exigen pruebas documentales ante los señalamientos de prensa.
- El estatus migratorio de los mandatarios se mantiene como el punto central de la disputa informativa.
- La administración federal mexicana respalda a los gobernadores y señala fines políticos tras las publicaciones.
