La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado las investigaciones en torno a Júpiter Araujo, identificado con el alias de El Barbas, a quien se le señala como presunto líder regional del Cártel de Sinaloa. El seguimiento judicial surge tras la difusión de evidencias que sugieren una relación de colaboración entre el grupo delictivo y diversas autoridades municipales en el estado de Morelos durante el pasado proceso electoral.
De acuerdo con las indagatorias integradas en el expediente federal, se detectaron reuniones estratégicas ocurridas en 2024 entre el operador delictivo y figuras políticas de los municipios de Cuautla y Atlatlahucan. El material audiovisual analizado por las autoridades revela una propuesta de financiamiento y movilización de sufragios en favor de ciertos candidatos a cambio de una subordinación administrativa posterior.
La dinámica reportada por la Fiscalía General de la República consistía en una inversión económica directa en las campañas electorales. Tras la obtención del triunfo en las urnas, los ayuntamientos debían cumplir con pagos mensuales fijos hacia la organización criminal, estableciendo una cuota institucionalizada bajo el concepto de control territorial y seguridad municipal.
El despliegue de las investigaciones, enmarcado en el denominado Operativo Enjambre, ha permitido identificar a varios servidores públicos que presuntamente mantuvieron comunicación con Júpiter Araujo. Entre las figuras mencionadas en las pesquisas se encuentran:
- Agustín N, presidente municipal de Atlatlahucan.
- Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla.
- Samuel Márquez, secretario del Ayuntamiento de Cuautla.
- Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales de la misma localidad.
Como consecuencia de estos señalamientos, se han registrado reacciones en el ámbito legal. El alcalde de Atlatlahucan, Agustín N, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación con el objetivo de evitar una posible detención. No obstante, la autoridad judicial determinó desechar parcialmente la demanda, argumentando que en el momento de la solicitud no existía una orden de aprehensión vigente, aunque el seguimiento administrativo permanece abierto.
Este caso de presunta infiltración criminal en el centro del país ocurre en un momento de especial vigilancia para las entidades vecinas. En Querétaro, las autoridades han mantenido una postura de blindaje institucional y fortalecimiento de los filtros de control de confianza en las corporaciones de seguridad y niveles administrativos, buscando evitar la replicación de esquemas de coacción política por parte de grupos delictivos externos que operan en la región colindante del Bajío y el centro-sur.
La FGR ha reiterado que el material probatorio incluye testimonios y grabaciones donde se pactaban las cuotas mensuales. Como medida de presión, se reportó que el alcalde de Cuautla sufrió un atentado tras los comicios, hecho que la autoridad interpreta como una advertencia para el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la etapa de campaña con la estructura de El Barbas.
El Operativo Enjambre continúa su curso, buscando desarticular los vínculos financieros y operativos que permiten al crimen organizado influir en la autonomía de los gobiernos locales, priorizando la recuperación del estado de derecho y la transparencia en la administración pública.
