Durante un operativo de vigilancia en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a una ciudadana estadounidense que transportaba un arsenal de alto poder, incluyendo un lanzagranadas tipo RPG-7, con destino a territorio mexicano.
La detención de Migdelia Irma Mendoza, de 42 años y residente de Phoenix, ocurrió en el puerto de entrada DeConcini el pasado 19 de abril de 2026. Según el reporte oficial, la implicada intentó cruzar la frontera en un vehículo particular donde ocultaba diversas armas de fuego y componentes bélicos bajo una estructura adaptada en el asiento posterior.
Tras la inspección del vehículo, las autoridades federales de Estados Unidos realizaron un inventario detallado del material bélico. El decomiso destaca por la presencia de armamento de uso exclusivo militar, cuya exportación está estrictamente regulada por las leyes internacionales.
- 16 rifles de plataforma estilo AK.
- 4 fusiles de asalto tipo AR.
- Un tubo lanzador de proyectiles RPG-7 (lanzagranadas).
- Una pistola con especificaciones de fusil AK.
- 24 cargadores para armamento largo.
- 36 componentes adicionales entre culatas y empuñaduras.
El lanzagranadas RPG-7, de origen soviético, es un arma diseñada para el combate antitanque y su detección en cruces civiles es considerada inusual por las autoridades migratorias, debido al alto poder destructivo que representa para la seguridad pública.
El hallazgo se produjo durante una revisión de salida de rutina. Los agentes de la CBP detectaron irregularidades visuales en la tapicería de un vehículo modelo Lexus. Al proceder con una inspección física, observaron una tela negra que no correspondía al diseño original del fabricante, la cual cubría bultos sólidos en la zona del asiento trasero.
Para confirmar las sospechas, la unidad fue sometida a un escaneo con tecnología de rayos X, lo que permitió visualizar las siluetas del armamento. La fiscalía federal presentó una acusación formal contra Mendoza por el delito de intento de contrabando de mercancías restringidas, toda vez que no contaba con las licencias requeridas por el Departamento de Estado para el traslado de estos artículos.
Este aseguramiento en la frontera norte expone la continuidad del flujo ilícito de armas que transita por las principales arterias viales del país. En el caso de Querétaro, la entidad se ubica en un corredor estratégico que conecta la frontera con el centro y occidente de México. Históricamente, las autoridades locales han reforzado la vigilancia en las carreteras federales para mitigar el paso de estos cargamentos, los cuales suelen ser destinados a organizaciones delictivas que operan en las zonas limítrofes del estado.
La interrupción de estas cadenas de suministro en los puntos de entrada fronterizos es fundamental para reducir los índices de violencia en las zonas urbanas y rurales del interior de la República, impactando directamente en la capacidad de fuego de los grupos generadores de violencia.
La investigación del caso quedó bajo la responsabilidad del Homeland Security Task Force (HSTF). Este grupo de tarea especial integra los esfuerzos de agencias como el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con el objetivo de desarticular redes de tráfico transnacional.
De acuerdo con los procedimientos legales en Estados Unidos, el caso continuará ante un Gran Jurado Federal, mientras se indaga el origen y el destino final del cargamento interceptado en Arizona.
