La Comisión Especial de Vigilancia de la Legislatura del Estado de Querétaro determinó declarar como «no revisada» la Cuenta Pública 2024, tras señalar la ausencia de elementos técnicos suficientes para validar el proceso de fiscalización superior de manera integral. Durante una asamblea informativa encabezada por la diputada Claudia Díaz Gayou, se detallaron las inconsistencias detectadas en los informes presentados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
De acuerdo con el reporte de la comisión legislativa, el proceso de revisión realizado por la ESFE presentó omisiones que impiden garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales. Entre los puntos críticos señalados destacan:
- Limitada cobertura de auditoría en las entidades ejecutoras de gasto.
- Ausencia de una metodología clara para la selección de dependencias a fiscalizar.
- Omisión de datos relevantes en los informes entregados a los legisladores.
- Manejo inadecuado de datos personales y confidencialidad.
- Falta de auditorías de desempeño para medir el impacto social del gasto.
En el análisis presentado ante regidores de diversos municipios y representantes ciudadanos, se expuso que, de 97 entidades que reciben financiamiento público en Querétaro, únicamente 56 fueron objeto de fiscalización. Esto significa que 41 dependencias quedaron fuera del escrutinio oficial bajo criterios que la comisión calificó como discrecionales.
El balance financiero indica que solo el 64 por ciento del presupuesto total distribuido entre los Poderes del Estado, organismos autónomos, paraestatales y municipios fue auditado. Esta cifra deja una parte considerable del erario público sin una verificación detallada sobre su correcta aplicación en obras y programas sociales.
Se subrayó que organismos con alto manejo de recursos, como la Comisión Estatal de Aguas (CEA), no habrían sido sujetos a una revisión exhaustiva bajo los estándares de normatividad aplicables, lo que genera un vacío de información sobre la eficiencia del gasto en infraestructura y servicios básicos.
Históricamente, la fiscalización en Querétaro ha sido un tema de debate recurrente en la Legislatura Local. En ejercicios anteriores, la aprobación de las cuentas públicas solía ocurrir sin mayores cuestionamientos técnicos en el Pleno. No obstante, la actual configuración de la Comisión de Vigilancia busca establecer un precedente de rigor informativo que obligue a la Entidad Superior de Fiscalización a modernizar sus métodos de selección y ejecución de auditorías, garantizando que ninguna entidad pública opere sin supervisión externa.
La asamblea realizada en la capital queretana es la primera de una serie de encuentros programados en distintos municipios del estado. El objetivo de estas reuniones es informar a los cuerpos de regidores y a los comités ciudadanos sobre el estado que guarda la hacienda pública y las funciones de vigilancia que competen al Congreso.
Legisladores presentes, como Eric Silva y Rosalba Vázquez, coincidieron en la necesidad de fortalecer la independencia de la Comisión de Vigilancia para asegurar que los procesos de fiscalización no respondan a criterios políticos, sino a la obligatoriedad de la transparencia institucional.
Finalmente, se informó que la determinación de no validar la cuenta pública 2024 busca incentivar una reestructuración en el sistema de fiscalización estatal para que los informes futuros incluyan auditorías de desempeño que confirmen si el recurso invertido realmente ha generado un beneficio social medible para la población.
