La Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura local inició el proceso de análisis para una reforma integral a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. El proyecto, que contempla la modificación de más de 50 artículos, será sometido a un proceso de retroalimentación mediante foros regionales con el fin de integrar la perspectiva de los actuales ayuntamientos.
Ulises Gómez de la Rosa, presidente de la citada comisión, entregó el documento técnico a las diputadas Leonor Mejía Barraza y Juliana Rosario Hernández Quintanar. La propuesta busca redefinir la estructura de la administración pública municipal, bajo el argumento de que las facultades de los cabildos se han visto limitadas frente a la centralización de decisiones en las presidencias municipales.
La iniciativa presentada plantea una redistribución de atribuciones dentro de los ayuntamientos, enfocándose en la transparencia y la rendición de cuentas. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Rendición de cuentas: Obligatoriedad para que los secretarios municipales presenten informes directos ante el cabildo.
- Autonomía de sesiones: Capacidad de los miembros del ayuntamiento para convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, incluso ante la ausencia del presidente municipal.
- Gestión territorial: Retorno de la facultad a los ayuntamientos para autorizar cambios de uso de suelo, condicionado a una aprobación por mayoría calificada.
- Designaciones administrativas: Facultad del cabildo para elegir a delegados, subdelegados y titulares de diversas secretarías, reservando únicamente los nombramientos de Gobierno y Seguridad Pública al alcalde.
- Máxima publicidad: Implementación de mecanismos que garanticen el acceso ciudadano a la información real sobre el estado de los asuntos municipales.
En el panorama legislativo de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal ha enfrentado desajustes respecto a las reformas constitucionales locales previas. Históricamente, la falta de claridad en las atribuciones de los regidores ha generado vacíos administrativos y controversias en la ejecución de recursos públicos en diversas demarcaciones de la entidad.
De acuerdo con el análisis de la comisión, la actual normativa ha permitido una discrecionalidad que afecta la transparencia. La intención de esta reforma es alinear la ley con las nuevas exigencias de fiscalización y garantizar que el cuerpo de regidores funcione como un contrapeso efectivo en la toma de decisiones locales.
La diputada Leonor Mejía subrayó la relevancia de trasladar la discusión a los municipios, argumentando que los gobiernos locales son el primer contacto con la ciudadanía y poseen el conocimiento directo de las dinámicas territoriales y socioeconómicas. El calendario de los foros regionales buscará incluir a presidentes municipales, regidores y especialistas técnicos en materia administrativa.
Este proceso de consulta pretende que la reforma no solo sea un ajuste técnico desde el Poder Legislativo, sino que responda a las problemáticas operativas que enfrentan las administraciones municipales en el estado. Con la participación de los 18 ayuntamientos, se espera consolidar un dictamen que fortalezca la legitimidad de las autoridades locales y mejore la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
