La LXI Legislatura de Querétaro enfrenta un acumulado de aproximadamente 220 iniciativas pendientes de dictaminación, una situación que ha derivado en llamados a la participación ciudadana para destrabar el trabajo legislativo. El diputado local Eric Silva, integrante de la fracción de Morena, señaló que la parálisis administrativa en áreas técnicas del recinto de Centro Sur limita el avance de propuestas clave para el desarrollo del estado.
De acuerdo con el legislador, el retraso no obedece exclusivamente a la falta de consensos entre las fuerzas políticas, sino a deficiencias operativas en las instancias encargadas de procesar los dictámenes. Silva apuntó directamente hacia la Secretaría de Servicios Parlamentarios y diversas direcciones internas como los puntos de fricción que impiden que los proyectos transiten de manera oportuna hacia las comisiones correspondientes.
A pesar de los ajustes recientes en la estructura de Servicios Parlamentarios, el diputado subrayó que la inercia del rezago persiste. En este sentido, consideró fundamental que las instituciones y los órganos técnicos asuman su responsabilidad para garantizar un avance certero en la agenda legislativa, evitando que el trabajo de los representantes populares quede estancado en trámites burocráticos.
El análisis del legislador morenista resalta que la presión social ha demostrado ser un mecanismo efectivo para acelerar los tiempos del Congreso. Como precedente inmediato, Silva citó el establecimiento de fechas para la dictaminación de la Ley de Movilidad, un tema que registró progresos sustanciales tras las manifestaciones de diversos sectores de la sociedad queretana.
Bajo esta lógica, se instó a la población a mantener una vigilancia activa sobre el desempeño de la Legislatura. La propuesta busca que la exigencia colectiva obligue a las áreas internas a agilizar los procesos y a entregar resultados tangibles en los temas que se encuentran actualmente en la «congeladora».
Históricamente, el Congreso de Querétaro ha enfrentado críticas por la acumulación de iniciativas que no llegan al Pleno al cierre de cada periodo ordinario. En legislaturas precedentes, el fenómeno del rezago ha afectado principalmente a propuestas relacionadas con derechos humanos, servicios públicos y fiscalización. La actual acumulación de más de 200 proyectos pone en relieve la necesidad de una reforma administrativa interna que optimice el flujo de trabajo técnico-jurídico.
Con este panorama, la LXI Legislatura entra en una etapa crítica donde la eficiencia de sus órganos internos y la apertura al escrutinio público determinarán la utilidad de la agenda parlamentaria para el cierre del ciclo legislativo.
