La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) obtuvo una sentencia condenatoria contra siete hombres implicados en un ataque violento que resultó en la muerte de una persona y lesiones graves a dos más. El fallo judicial establece una pena de siete años de prisión para cada uno de los responsables por los delitos de homicidio y lesiones dolosos.
Los sentenciados han sido plenamente identificados como Juan Manuel “N”, César “N”, Carlos Uriel “N”, Pablo “N”, Gustavo Ángel “N”, Juan Carlos “N” y Luis Antonio “N”. Entre el grupo de agresores se encontraba el encargado de un centro de rehabilitación, mientras que el resto de los involucrados eran residentes del mismo establecimiento, ubicado originalmente en la colonia Reforma Agraria.
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el pasado 27 de diciembre de 2024 en el área de estacionamiento del fraccionamiento Eduardo Loarca. Según las investigaciones, los ahora sentenciados arribaron al sitio en un vehículo particular y descendieron para agredir físicamente a tres hombres que se encontraban frente a un domicilio.
El ataque se perpetró mediante el uso de objetos contundentes, tales como palos y tubos, además de agresiones físicas directas. A consecuencia de la gravedad de las heridas, una de las víctimas falleció dos días después, el 29 de diciembre, debido a una hemorragia secundaria derivada de un traumatismo craneoencefálico. Los otros dos hombres agredidos sobrevivieron, aunque presentaron múltiples lesiones que requirieron atención médica especializada.
Para lograr la identificación y captura de los responsables, la FGEQ implementó una estrategia de investigación que incluyó:
- Análisis de videograbaciones de los sistemas de vigilancia estatal y municipal.
- Ejecución de cuatro cateos simultáneos en distintos centros de rehabilitación de la zona.
- Aseguramiento del vehículo utilizado para el traslado de los agresores durante el crimen.
- Recopilación de testimonios de las víctimas lesionadas y procesamiento de la escena del crimen.
La resolución del caso se dio mediante un procedimiento abreviado, una figura jurídica donde los imputados admitieron su culpabilidad ante la autoridad judicial. Además de la pena privativa de la libertad, se les impuso el pago de multas económicas, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y la obligación de cubrir la reparación del daño a favor de las víctimas directas e indirectas.
Este incidente resalta la problemática recurrente en la zona metropolitana de Querétaro respecto a la operación de centros de rehabilitación, comúnmente denominados «anexos». Durante los últimos años, la administración estatal y municipal ha intensificado las inspecciones en estos establecimientos tras detectarse casos de violencia interna y la participación de sus integrantes en actividades delictivas fuera de las instalaciones, buscando regularizar su funcionamiento bajo protocolos de derechos humanos y seguridad pública.
Con esta resolución, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero impunidad ante actos de violencia colectiva que atenten contra la integridad y la vida de los ciudadanos en la entidad.
