Un exservidor público de Querétaro, identificado como Fernando “N”, recibió una sentencia condenatoria tras acreditarse su responsabilidad en el delito de desempeño ilícito del servicio público. El sentenciado utilizaba su posición para realizar cobros irregulares relacionados con el impuesto predial, entregando documentación apócrifa a los contribuyentes.
La resolución judicial se obtuvo luego de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción presentara las pruebas que demostraron que el ahora sentenciado solicitaba dinero a ciudadanos bajo la promesa de gestionar descuentos o saldar adeudos del predial. Sin embargo, los recibos y trámites entregados carecían de validez oficial y eran elaborados de manera fraudulenta.
La detención de Fernando “N” fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) y las autoridades del estado de Tlaxcala, entidad donde el imputado fue localizado tras las investigaciones iniciales. Tras su captura, fue trasladado a Querétaro, donde un juez determinó inicialmente su vinculación a proceso bajo la medida de prisión preventiva justificada.
Durante el desarrollo del proceso legal, el acusado optó por aceptar su responsabilidad penal en los hechos imputados. Esta determinación derivó en un procedimiento abreviado que incluyó los siguientes puntos resolutivos:
- Reparación integral del daño a las víctimas afectadas por los cobros ilegales.
- Imposición de una pena de prisión y el pago de una multa económica.
- Inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo o comisión en el servicio público.
Este caso se suma a los esfuerzos de fiscalización que las administraciones locales han reforzado en los últimos años para garantizar la transparencia en la recaudación de impuestos municipales. En Querétaro, la digitalización de los recibos de pago y la implementación de códigos de verificación han sido herramientas clave para que los ciudadanos detecten posibles gestiones irregulares fuera de las ventanillas oficiales.
La detección de documentos apócrifos en trámites de catastro y predial ha sido un foco de atención para la Fiscalía Anticorrupción, instancia que ha exhortado a la población a denunciar cualquier solicitud de dinero por parte de funcionarios que no se realice a través de los canales institucionales y plataformas autorizadas.
Con esta sentencia, las autoridades ministeriales reiteran la vigencia de los protocolos de investigación para sancionar actos que vulneran el patrimonio ciudadano y la integridad de las instituciones públicas del estado.
