A un año del incidente ocurrido en el Festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México, las familias de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas han impulsado una serie de iniciativas legales y académicas. El objetivo primordial de estas acciones es establecer mecanismos de protección para estudiantes y profesionales de la comunicación que desempeñan sus labores en eventos masivos y entornos laborales precarizados.
Los hechos que originaron estas propuestas ocurrieron el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica colapsó en el Parque Bicentenario, provocando el fallecimiento de ambos jóvenes mientras realizaban la cobertura informativa del evento. Desde entonces, el proceso se ha centrado no solo en la búsqueda de justicia penal, sino en la creación de un marco preventivo para el gremio.
Propuestas académicas y asesoría legal
La familia de Berenice Giles, quien era estudiante de la FES Aragón de la UNAM y colaboradora independiente, presentó una propuesta ante las autoridades universitarias para integrar la formación jurídica en la carrera de Comunicación y Periodismo. Esta iniciativa busca que los alumnos cuenten con herramientas para identificar situaciones de indefensión legal antes de insertarse en el mercado laboral.
El proyecto contempla la colaboración entre las facultades de Derecho y Comunicación para que estudiantes de leyes realicen su servicio social brindando capacitación y asesoría técnica a los futuros comunicadores. El enfoque principal es que los jóvenes aprendan a gestionar contratos, seguros y protocolos de seguridad personal durante sus coberturas fotográficas y periodísticas.
Hacia una Ley para la Protección del Trabajo Periodístico
Por otro lado, la representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas ha presentado formalmente una iniciativa legislativa denominada Ley para la Protección del Trabajo Periodístico. Esta propuesta tiene como ejes centrales:
- La obligatoriedad de contratar seguros de vida y accidentes para trabajadores independientes y de planta por parte de las empresas organizadoras.
- La implementación de protocolos de seguridad específicos y supervisados por autoridades de protección civil en áreas destinadas a la prensa.
- La delimitación clara de responsabilidades legales para las empresas productoras y agencias que contratan servicios de cobertura.
- Reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y la Ley de Espectáculos Públicos para evitar vacíos normativos en la instalación de estructuras temporales.
Contexto de seguridad en Querétaro
En el estado de Querétaro, la seguridad en eventos masivos ha sido un tema prioritario tras incidentes previos en recintos deportivos y de espectáculos. La entidad ha reforzado históricamente sus normativas de protección civil para exigir dictámenes estructurales rigurosos antes de cualquier evento de gran afluencia. La iniciativa nacional impulsada tras el caso Giles-Rojas busca estandarizar estas exigencias, garantizando que la integridad de los comunicadores no dependa de la voluntad de las empresas privadas, sino de una normativa estatal estricta.
Estatus de la investigación judicial
Respecto al proceso penal que sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se ha informado que existen tres empresas imputadas hasta el momento: Operadora Eclectic, Agencia de los Socios y ON Producciones Creativas. Asimismo, ocho personas físicas se encuentran bajo proceso bajo reserva de identidad.
La investigación se ha extendido para determinar la responsabilidad de los tomadores de decisiones y no solo del personal operativo. Actualmente, dos compañías adicionales permanecen bajo escrutinio judicial para definir si existieron omisiones dolosas en las medidas de seguridad y protección civil durante el montaje de la infraestructura que colapsó en 2025.
El caso resalta la vulnerabilidad de los fotoperiodistas jóvenes, quienes a menudo deben aceptar condiciones de riesgo para construir sus portafolios profesionales en una industria con altos niveles de informalidad.
