El máximo tribunal constitucional de México ha iniciado el análisis de un recurso jurídico que busca cuestionar las prohibiciones vigentes sobre la eutanasia y el suicidio asistido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene bajo su responsabilidad determinar si los artículos de la Ley General de Salud que impiden estas prácticas vulneran los derechos fundamentales de pacientes en fase terminal.
El debate jurídico surge a raíz de la petición de una ciudadana diagnosticada con cáncer, quien presentó un amparo para impugnar diversas disposiciones legales que restringen la asistencia médica para morir. El Pleno de la Corte debe resolver inicialmente si el caso será remitido a un Tribunal Colegiado o si, debido a su trascendencia social y jurídica, amerita que un ministro ponente desarrolle un proyecto de sentencia definitivo.
Si la propuesta es aceptada, el análisis se centrará en la autonomía de la voluntad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad frente a las limitaciones impuestas por el sistema de salud pública. Este proceso podría extenderse durante los próximos meses, marcando una hoja de ruta para la posible despenalización de la muerte digna a nivel nacional.
De forma paralela al proceso judicial, organizaciones civiles han intensificado la presión legislativa. La asociación Libertad para Morir y la Coalición Muerte Digna Ya promueven actualmente la denominada Ley para la Asistencia Médica para Morir, conocida también como Ley Trasciende.
Esta iniciativa, impulsada por activistas como Samara Martínez, busca recolectar firmas ciudadanas para formalizar una propuesta de ley que permita a adultos con padecimientos irreversibles y sufrimientos intolerables acceder a procedimientos médicos controlados para finalizar su vida. El enfoque principal es garantizar que el Estado provea los medios necesarios para evitar el encarnizamiento terapéutico en casos de enfermedades terminales.
En el estado de Querétaro, la discusión sobre el final de la vida se ha limitado hasta ahora a la Ley de Voluntad Anticipada. Esta normativa permite a los ciudadanos manifestar su deseo de no ser sometidos a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida de manera artificial cuando se encuentran en etapa terminal. Sin embargo, existe una distinción clara: la legislación queretana actual prohíbe la eutanasia activa, permitiendo únicamente la suspensión de soportes vitales (ortotanasia). Una resolución favorable por parte de la SCJN obligaría a una revisión profunda de los códigos locales y los protocolos de salud en la entidad.
El debate en México se suma a una tendencia global donde diversas naciones han establecido marcos regulatorios para garantizar el derecho a morir bajo criterios médicos estrictos. Entre los países que han legislado en la materia se encuentran:
- Países Bajos y Bélgica: Pioneros en la legalización desde el año 2002.
- Canadá y España: Han implementado modelos recientes con fuertes controles bioéticos.
- Colombia y Ecuador: Naciones latinoamericanas que han avanzado mediante sentencias de sus cortes constitucionales.
- Luxemburgo: Cuenta con una legislación consolidada sobre la autonomía del paciente.
En todos estos casos, los protocolos exigen que el paciente presente una enfermedad incurable, sufra un dolor físico o psicológico insoportable y manifieste su voluntad de manera expresa, libre e informada, condiciones que la SCJN evaluará para el contexto mexicano en sus próximas sesiones.
