El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles a 270 organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan organismos dedicados al análisis de políticas públicas y la transparencia. La medida ha generado controversia tras los señalamientos de representantes del tercer sector, quienes sostienen que los criterios técnicos de la autoridad fiscal están siendo aplicados con fines de presión política.
Posturas encontradas ante la fiscalización de organismos civiles
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunció que la herramienta técnica del registro de donatarias se ha transformado en un instrumento para limitar la operación de organizaciones que evalúan y cuestionan la gestión pública. Según Casar, el retiro del estatus fiscal afecta la capacidad de financiamiento de instituciones que tradicionalmente han mantenido una postura crítica frente al Estado.
Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que estas acciones no corresponden a una instrucción directa del Ejecutivo, sino a procesos autónomos del SAT derivados del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La mandataria enfatizó que cualquier organismo que no cumpla con la normativa vigente está sujeto a perder sus beneficios fiscales, independientemente de su labor informativa o de investigación.
Impacto en el padrón nacional de donatarias
De acuerdo con informes de la autoridad fiscal, las 270 organizaciones afectadas representan una fracción del padrón nacional, que asciende a 10 mil entidades autorizadas. Entre las instituciones que perdieron temporalmente esta facultad se encuentran:
- México Evalúa
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Estas tres organizaciones confirmaron que ya han iniciado los procesos correspondientes para subsanar las observaciones del SAT y recuperar su calidad de donatarias autorizadas. La controversia se acentuó tras la mención de otros casos, como el de la organización Humanidad con América Latina, vinculada a proyectos de cooperación con el exterior, la cual obtuvo su registro en un periodo significativamente breve, lo que para los críticos evidencia una aplicación diferenciada de los criterios de evaluación.
El contexto de las organizaciones civiles en Querétaro
En el estado de Querétaro, el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los más dinámicos del centro del país. Históricamente, la entidad ha mantenido una relación de colaboración entre el sector gubernamental y organismos como cámaras de comercio y observatorios ciudadanos para la implementación de políticas públicas locales.
No obstante, el endurecimiento de las reglas de operación del SAT en años recientes ha generado que diversas asociaciones queretanas enfrenten mayores retos administrativos. En eventos pasados, especialistas locales han advertido que la pérdida del registro como donataria puede comprometer programas de asistencia social y desarrollo comunitario que dependen directamente de la deducibilidad de impuestos para sus benefactores.
Regularización y vigilancia fiscal
Las organizaciones involucradas en este reciente proceso de revocación han manifestado que, a pesar de los obstáculos, continuarán con sus labores de monitoreo público. La situación pone de relieve la necesidad de una fiscalización transparente que garantice la rendición de cuentas sin comprometer la libertad de asociación y el análisis independiente en el país.
El seguimiento de estos trámites administrativos será clave para determinar si los criterios de la autoridad tributaria se mantienen en el ámbito estrictamente normativo o si, como denuncian los organismos civiles, se consolidan como un mecanismo de control gubernamental.
