La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México informó que, tras realizar las consultas pertinentes con organismos nacionales e internacionales, se confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
La dependencia federal precisó que la verificación incluyó bases de datos de diversas instancias de seguridad, desestimando las versiones sobre una orden de captura o localización internacional vigente contra el mandatario estatal. Este anuncio surge en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos respecto a presuntos vínculos del funcionario con estructuras delictivas.
En el marco de este proceso, Rocha Moya acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para responder a los citatorios derivados de las investigaciones en curso. Durante su comparecencia, el gobernador con licencia manifestó su disposición para colaborar con la autoridad investigadora y sostuvo que se mantendrá atento a cualquier requerimiento legal.
Es importante recordar que el pasado 1 de mayo, el Congreso de Sinaloa autorizó la licencia de Rocha Moya para separarse de su cargo. En su lugar, el poder legislativo local designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa en la entidad mientras se resuelven las diligencias judiciales.
La situación jurídica del funcionario se tornó de interés público tras la publicación de investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó el nombre de Rocha Moya en una lista de servidores públicos presuntamente relacionados con operaciones que habrían favorecido a facciones delictivas en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con los documentos de la autoridad estadounidense, se investiga una posible red de colaboración para el transporte de sustancias ilícitas y el presunto uso de influencias políticas a cambio de beneficios electorales. No obstante, hasta el momento, estas acusaciones forman parte de un expediente en fase de investigación y no han derivado en una orden de aprehensión ejecutable en territorio mexicano a través de canales internacionales.
Para la opinión pública en Querétaro y el resto del Bajío, los procesos de fiscalización a mandatarios estatales representan un punto crítico en la agenda de seguridad nacional. Históricamente, la entidad queretana ha mantenido una postura de colaboración institucional con la federación en materia de intercambio de información e inteligencia, priorizando el estado de derecho frente a las coyunturas políticas nacionales.
La confirmación de la SSPC busca dar claridad sobre el estatus migratorio y legal de Rocha Moya ante la opinión pública, limitando el alcance de las versiones que sugerían una intervención inmediata de la Interpol en el caso.
- 1 de mayo: Rubén Rocha Moya solicita licencia al cargo de gobernador de Sinaloa.
- Mediados de mayo: El Departamento de Justicia de EU hace públicas acusaciones contra funcionarios de la entidad.
- 26 de mayo: Comparecencia de Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República.
- 27 de mayo: La SSPC descarta oficialmente la existencia de una ficha roja internacional.
El caso permanece bajo el seguimiento de las autoridades correspondientes, quienes determinarán la validez de las pruebas presentadas por las instancias extranjeras y el impacto que estas podrían tener en el proceso legal nacional.
