La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la reducción de la sentencia impuesta a Vicente “N”, responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango en Querétaro. Con esta resolución, la pena privativa de la libertad quedó fijada en cinco años, lo que representa una disminución del 50 por ciento respecto a la condena original dictada en 2022.
El máximo tribunal del país determinó desechar el último recurso de revisión interpuesto por Édgar Martínez, entrenador de los caninos y parte acusadora en el proceso. Los ministros argumentaron que los agravios presentados se centraban en temas de legalidad, relacionados con la valoración de pruebas y procedimientos penales, y no en cuestiones de constitucionalidad, ámbito exclusivo de competencia para la Corte.
Modificación de la reparación del daño
Además de la reducción del tiempo en prisión, el fallo confirma una modificación sustancial en la reparación económica del daño. Inicialmente, un juez local había impuesto una multa de 2.4 millones de pesos, cifra que fue considerada histórica en el marco de la protección animal en México. Sin embargo, tras diversos recursos legales promovidos por la defensa, el monto se ajustó significativamente.
De acuerdo con el seguimiento del caso, el nuevo cálculo para la indemnización se basó únicamente en el valor de mercado de los ejemplares y los gastos de manutención proporcionales, omitiendo los criterios de especialización y servicio social que los canes prestaban a la Cruz Roja Mexicana. Organizaciones civiles estiman que la cifra final podría rondar los 10 mil pesos, aunque el dato oficial no ha sido difundido integralmente por las autoridades judiciales.
Contexto del caso en Querétaro
El caso de Athos y Tango marcó un precedente jurídico en Querétaro y en todo el país. En junio de 2021, ambos animales murieron tras ingerir salchichas contaminadas con sustancias tóxicas en un espacio público de la capital queretana. Athos era un especialista en búsqueda y rescate certificado internacionalmente, mientras que Tango laboraba como perro de asistencia emocional.
En agosto de 2022, el estado de Querétaro fue sede del primer juicio penal en México que culminó con una sentencia de prisión efectiva por crueldad animal. No obstante, la defensa legal del sentenciado argumentó que se estaba castigando doblemente la misma conducta, lo que derivó en una serie de amparos que finalmente resultaron en la disminución de la condena confirmada esta semana por la SCJN.
Implicaciones legales y sociales
La resolución de la Suprema Corte cierra definitivamente la vía judicial para este proceso. El argumento central para la reducción fue que la sentencia inicial acumulaba agravantes de manera inadecuada según el criterio del Tribunal Colegiado, el cual fue validado por la falta de elementos constitucionales para una intervención mayor de la Corte.
- El fallo original contemplaba 10 años de prisión y 2.4 mdp de multa.
- La sentencia definitiva se redujo a menos de 5 años.
- El caso impulsó reformas legislativas locales en materia de bienestar animal.
A pesar del cierre del expediente, el caso de Athos y Tango permanece como un punto de referencia para los colectivos de protección animal en la entidad, quienes han señalado la necesidad de robustecer los marcos legales para evitar que lagunas procesales permitan la reducción de penas en delitos de maltrato animal extremo.
