El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, señalándolo por los delitos de asesinato y conspiración para dar muerte a ciudadanos estadounidenses. La acción legal vincula directamente al exlíder de la isla con el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, ocurrido hace tres décadas.
La imputación fue presentada ante la corte federal del Distrito del Sur de Florida. Según los documentos judiciales, se responsabiliza a Castro de haber emitido la orden de ataque en 1996, periodo en el que se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El incidente resultó en el fallecimiento de Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE. UU., así como de Pablo Morales, residente legal en dicho país.
La acusación formal no se limita al exmandatario de 94 años, sino que extiende la responsabilidad penal a cinco oficiales militares cubanos identificados como participantes en la operación. Los nombres incluidos en el expediente son:
- Emilio José Palacio Blanco.
- José Fidel Gual Barzaga.
- Raúl Simanca Cárdenas.
- Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
- Lorenzo Alberto Pérez-Perez.
Aunque el gobierno de La Habana sostuvo históricamente que las avionetas incursionaron en espacio aéreo soberano y calificó a los tripulantes como agentes generadores de inestabilidad, organismos internacionales contradicen esta versión. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó en su momento que el ataque ocurrió sobre aguas internacionales, invalidando el argumento de defensa territorial esgrimido por el mando militar cubano.
Para la entidad informativa Bitácora Diario, es pertinente recordar que México, y particularmente el estado de Querétaro, ha servido históricamente como un espacio de neutralidad y diálogo en la política exterior latinoamericana. Sin embargo, este endurecimiento en la postura judicial de Washington marca un distanciamiento de las políticas de distensión previa, situando la relación bilateral en un punto de alta tensión legal que trasciende el ámbito diplomático para entrar en el terreno de la justicia penal internacional.
La administración de Donald Trump ha intensificado la presión económica y política sobre la isla, incluyendo restricciones al sector petrolero y sanciones a Gaesa, el conglomerado empresarial gestionado por el estamento militar cubano. En este marco, el anuncio de los cargos coincidió con un acto oficial en la Torre de la Libertad de Miami, lugar emblemático para la comunidad del exilio que ha demandado justicia por este caso durante 30 años.
En paralelo a las acciones judiciales, el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la posibilidad de canalizar un paquete de ayuda humanitaria valorado en 100 millones de dólares. No obstante, el funcionario subrayó que dicha asistencia, consistente en alimentos y medicinas, no sería entregada directamente a las estructuras gubernamentales de la isla.
La propuesta estadounidense condiciona la entrega de estos recursos a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas independientes, argumentando que la crisis de suministros y servicios básicos en Cuba es consecuencia de una gestión deficiente de los recursos públicos por parte de su actual dirigencia. Hasta el momento, no se ha definido el mecanismo de ejecución para una eventual orden de captura contra Raúl Castro, dada su posición y residencia en territorio cubano.
