El gobierno del estado de Querétaro presentó los avances en materia de política climática durante la primera sesión ordinaria 2026 de la Comisión Estatal de Cambio Climático. El encuentro, realizado en el Palacio de Gobierno, se centró en la implementación de mecanismos que vinculan la actividad económica con la restauración de los ecosistemas, estableciendo que la sustentabilidad es ahora una condición obligatoria para la atracción de inversiones y la competitividad regional.
Durante la sesión se enfatizó que el desarrollo económico no debe comprometer los recursos naturales necesarios para las próximas generaciones. La administración estatal subrayó que la protección de bosques, suelos y zonas de captación de agua se ha reclasificado de un gasto operativo a una inversión estratégica. Este enfoque busca que las empresas generadoras de empleo contribuyan directamente a fortalecer los activos naturales de la entidad a través de esquemas de compensación ambiental.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) informó que la entidad se perfila para ser uno de los primeros territorios a nivel global en operar un Sistema Integral de Compensación Ambiental. Este modelo busca asignar un valor económico tangible al agua, el carbono y la biodiversidad, permitiendo que la conservación sea rentable y cuantificable para los sectores productivos.
Entre los resultados presentados destacan las siguientes métricas registradas entre 2023 y 2026:
- Gestión de más de dos millones de toneladas de CO₂.
- Compensación efectiva de un millón de toneladas de emisiones de carbono.
- Consolidación del Sello QRO-3 de bajo carbono, adoptado por empresas globales asentadas en la región.
- Propuesta de creación de «bonos azules» para financiar la recuperación de acuíferos mediante proyectos certificados.
La implementación de estas políticas responde a una realidad demográfica y ambiental crítica para el estado. Históricamente, Querétaro ha experimentado un crecimiento industrial acelerado que ha presionado sus recursos hídricos. Datos técnicos revelan que, en las últimas dos décadas, la zona metropolitana ha perdido más de nueve mil hectáreas de vegetación natural.
Esta pérdida de cobertura vegetal ha derivado en una disminución de la infiltración de agua al subsuelo, el incremento de las temperaturas locales y una presión creciente sobre los acuíferos. Especialistas de la Comisión advirtieron que existe una ventana de oportunidad de entre cinco y diez años para intervenir los sistemas hídricos antes de que enfrenten daños de carácter irreversible, lo que justifica la urgencia de transitar hacia una economía circular y descarbonizada.
El modelo propuesto se basa en reglas claras de mercado donde el Estado actúa como regulador. Bajo esta lógica, los desarrolladores y actores económicos financian la recuperación de los ecosistemas mediante la compra de proyectos certificados que garantizan la trazabilidad del impacto ambiental. Este sistema no solo busca la protección del entorno, sino también el fortalecimiento de la seguridad hídrica, elemento vital para la continuidad de la industria en la entidad.
Finalmente, se reafirmó el compromiso de las instituciones, la academia y la sociedad civil integradas en la Comisión para dar continuidad a estos acuerdos más allá de los ciclos administrativos. La meta establecida para el cierre de la década es consolidar un Querétaro donde la generación de riqueza sea inseparable del cuidado de los recursos naturales y la resiliencia ante el cambio climático.
