La justicia de Estados Unidos ha calificado como abundante la evidencia presentada contra Gerardo Mérida, quien se desempeñó como titular de Seguridad en el estado de Sinaloa. Durante una audiencia preliminar en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la jueza Katherine Polk confirmó que el proceso judicial cuenta con una carga probatoria sustancial que vincula a diversos exfuncionarios con una red de protección al narcotráfico.
El caso, que forma parte de una investigación de alcance internacional, involucra a diez personas señaladas por conspirar con liderazgos del Cartel de Sinaloa. Según los reportes del tribunal, los acusados habrían facilitado la importación de narcóticos a territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo político. Entre los nombres citados en el expediente destaca el de Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de la entidad sinaloense.
Gerardo Mérida, general retirado del Ejército mexicano, compareció ante la autoridad judicial bajo custodia federal. Durante el acto, se estableció un calendario de mociones conforme a la Ley de Juicio Rápido, otorgando un plazo de 60 días para el procesamiento de las pruebas. La defensa y el imputado tendrán este periodo para evaluar los elementos presentados por la fiscalía antes de la próxima audiencia programada para el 4 de agosto.
La acusación central sostiene que los implicados mantenían una alineación directa con la facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocida como Los Chapitos. Los beneficios de esta colaboración se traducían en flujos millonarios de dólares provenientes de las actividades ilícitas del grupo criminal.
- Conspiración para la importación masiva de narcóticos.
- Posesión y conspiración para el uso de armamento de alto poder.
- Recepción de sobornos a cambio de protección institucional.
Mérida, quien fue detenido en Arizona el pasado mes de mayo, sostiene una postura de no culpabilidad frente a los cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.
Este proceso judicial en el extranjero resuena en la política interna de México, donde el escrutinio sobre los mandos de seguridad y las administraciones estatales se ha intensificado. En Querétaro, así como en otras entidades de la zona bajío, la integridad de las corporaciones de seguridad se mantiene bajo protocolos de evaluación constante, buscando evitar la infiltración de estructuras criminales que hoy mantienen bajo proceso a mandos de otras regiones del país.
Por otro lado, Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación en Sinaloa y también señalado en la acusación estadounidense, emitió un mensaje público para desmentir las versiones sobre su supuesta entrega a las autoridades de Estados Unidos. Almanza Avilés aseguró permanecer en territorio nacional, aunque no precisó si ha comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con las indagatorias que se siguen de manera paralela en ambos países.
La jueza Polk advirtió que el número de acusados continúa creciendo y que las detenciones o comparecencias están ocurriendo de manera escalonada, lo que sugiere que la investigación en Nueva York sigue activa y podría alcanzar a más niveles de la administración pública involucrada en la zona de influencia de la organización criminal.
