La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados formalizó una propuesta de reforma a la legislación electoral que busca establecer la inhabilitación perpetua para cualquier funcionario público que mantenga vínculos comprobados con el crimen organizado. La iniciativa, coordinada por Rubén Moreira, pretende erradicar la influencia de grupos delictivos en las estructuras del Estado.
De acuerdo con el planteamiento del grupo parlamentario, la reforma responde a la necesidad de blindar los procesos democráticos y garantizar que la administración pública no sea utilizada para fines fuera de la ley. Los legisladores señalaron que la actual crisis de seguridad en diversas regiones del país, particularmente en el estado de Sinaloa, es consecuencia de omisiones detectadas desde los procesos electorales de 2021.
El diputado federal Mario Zamora Gastélum argumentó que el debilitamiento de las instituciones ocurre cuando no se atienden las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y electorales. Según el legislador, la situación de violencia, desapariciones y pérdida de empleos en las entidades federativas es un reflejo de la falta de transparencia y la necesidad de aplicar justicia sin distinción de cargos políticos.
En el ámbito local, Querétaro ha mantenido una agenda constante de fortalecimiento institucional para evitar que los escenarios de inseguridad que afectan a estados vecinos permeen en su estructura gubernamental. La propuesta de inhabilitación de por vida se alinea con las demandas de diversos sectores de la sociedad civil queretana, que han solicitado mecanismos de vigilancia más estrictos para los perfiles que aspiran a cargos de elección popular y puestos de alta responsabilidad administrativa.
Históricamente, la entidad ha buscado diferenciarse mediante la profesionalización de su servicio público; sin embargo, una reforma de este alcance a nivel federal obligaría a una revisión exhaustiva de los criterios de elegibilidad locales para armonizar la ley y asegurar que no existan resquicios legales para la impunidad.
La iniciativa presentada en San Lázaro contempla los siguientes puntos clave:
- Sanción de inhabilitación de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público a quien colabore con cárteles o grupos criminales.
- Investigación obligatoria sobre el entorno de los gabinetes estatales cuando existan indicios de nexos delictivos.
- Fortalecimiento de las facultades de las autoridades electorales para intervenir ante sospechas de financiamiento ilícito o coacción en las urnas.
- Mecanismos de justicia y verdad para las comunidades afectadas por la gestión de funcionarios señalados por estos vínculos.
Finalmente, los integrantes de la fracción tricolor insistieron en que el objetivo es recuperar la confianza de la ciudadanía y poner la ley por encima de cualquier interés particular. La discusión de esta reforma se llevará a cabo en las comisiones correspondientes del Palacio Legislativo, donde se evaluará su viabilidad constitucional y su impacto en el sistema electoral vigente.
