Plan B reducirá regidores y síndicos en municipios

Política
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La implementación de la reforma electoral conocida como Plan B, proyectada para entrar en vigor plenamente en el proceso de 2027, obligará a una reconfiguración administrativa en decenas de ayuntamientos del país. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 emitido por el INEGI, esta medida derivará en la eliminación de 190 regidurías y la supresión de 182 plazas de síndicos en diversas entidades federativas.

La reforma establece límites estrictos en la integración de los cuerpos colegiados municipales, impactando principalmente a aquellos ayuntamientos que actualmente superan el máximo de 15 regidores y un síndico. Según el reporte estadístico, solo 59 municipios en México operan actualmente con una estructura de entre 16 y 30 regidores, mientras que la gran mayoría, 2 mil 363 municipios, se mantienen dentro del rango de uno a 15 representantes.

Impacto administrativo en los municipios de Querétaro

En el panorama regional, Querétaro se encuentra entre las entidades que deberán realizar ajustes obligatorios en sus estructuras de gobierno. Los 18 municipios que integran el estado cuentan actualmente con dos síndicos en sus cabildos, una cifra que excede el nuevo límite constitucional de un síndico por ayuntamiento.

Esta modificación implicará que, para el periodo gubernamental que inicie en 2027, las demarcaciones queretanas deberán reducir sus plazas de sindicatura a la mitad. Históricamente, la presencia de dos síndicos en la entidad respondía a la división de funciones entre la procuración jurídica y la vigilancia de la hacienda pública; no obstante, la homologación federal obligará a concentrar estas facultades en una sola figura por municipio.

Reducciones drásticas en el norte y centro del país

A nivel nacional, el municipio de Nogales, Sonora, destaca como la demarcación que enfrentará el recorte más significativo. Actualmente posee 30 regidores, por lo que deberá prescindir de 15 integrantes para ajustarse al tope legal. Le siguen ciudades con alta densidad poblacional y presupuestal como Monterrey, Nuevo León, que reducirá de 28 a 15 sus regidurías, y Puebla, Puebla, que pasará de 23 a 15 representantes municipales.

Otras localidades que registrarán ajustes importantes son:

  • Tamaulipas: Siete municipios, incluidos Reynosa, Matamoros y Tampico, deberán recortar seis plazas de regidores cada uno.
  • Chihuahua: Las ciudades de Juárez y Chihuahua capital reducirán cinco regidurías cada una.
  • Hidalgo: Municipios como Pachuca de Soto y Tizayuca deberán suprimir cuatro regidores de su estructura actual.
  • Jalisco: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque ajustarán su cabildo eliminando dos regidurías en cada caso.

Ajustes en la sindicatura y representación de género

En cuanto a las sindicaturas, el impacto se concentra en 182 municipios que hoy operan con más de un titular. Destacan los casos de Campeche y Carmen, en el estado de Campeche, que son los únicos en el país que cuentan con tres síndicos y deberán reducir su representación a uno solo.

El censo del INEGI también arroja una radiografía sobre la integración actual de estos cargos. A nivel nacional existen 16 mil 899 regidores, de los cuales el 54% son mujeres (9,142) y el 46% hombres (7,722). En el caso de los síndicos, la tendencia es similar, con una presencia de mil 562 mujeres frente a mil 40 hombres de un total de 2 mil 605 funcionarios en dicho cargo.

Balance de la reforma electoral

La reconfiguración prevista para 2027 busca, según los lineamientos de la reforma, estandarizar la representación proporcional y los costos de operación de los cabildos. Aunque versiones preliminares del Plan B sugerían un aumento de regidores en municipios pequeños que contaban con apenas cinco o seis representantes, la disposición final se centró en establecer topes máximos para los municipios más grandes.

Con esta medida, mil 279 municipios en todo el país ya se encuentran dentro de los parámetros legales establecidos, mientras que los restantes deberán iniciar procesos de armonización legislativa local para asegurar que la integración de sus próximos ayuntamientos cumpla con el nuevo marco constitucional.

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