El Gobierno del Estado de Querétaro aclaró que la reciente intervención en una mina de mercurio ubicada en el municipio de Peñamiller obedeció estrictamente a irregularidades administrativas y falta de permisos de explotación, descartando las versiones que señalaban la supuesta incursión de grupos armados en la zona serrana.
De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Gobierno estatal, el operativo fue ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción derivó de una solicitud formal presentada por instancias de orden federal, entre las que destacan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía.
Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno, precisó que la clausura de las instalaciones se fundamentó en el incumplimiento de las normativas necesarias para la extracción legal de minerales. El funcionario enfatizó que, durante el desarrollo de las diligencias, no se detectó la presencia de personas armadas ni indicios de violencia, contradiciendo reportes difundidos en plataformas informativas nacionales que sugerían un entorno de inseguridad y amenazas contra la población local.
La minería en Peñamiller posee una trayectoria histórica de varias décadas, caracterizada principalmente por la extracción de mercurio de forma artesanal. Históricamente, la región ha enfrentado retos para la regularización de estas actividades debido a la complejidad de las normativas federales y el impacto ambiental derivado del uso de metales pesados.
En el pasado, diversos operativos han tenido lugar en la Sierra Gorda queretana con el objetivo de supervisar las condiciones de seguridad laboral y el manejo de residuos químicos. En esta ocasión, las autoridades reiteraron que los señalamientos sobre supuestas células delictivas corresponden a informaciones que ya habían sido aclaradas y desmentidas en momentos previos, manteniendo la postura de que el conflicto actual es de naturaleza regulatoria y técnica.
Tras la suspensión de actividades en el yacimiento, el Poder Ejecutivo estatal informó que mantendrá una vía de comunicación abierta con los trabajadores mineros afectados por la clausura. El objetivo reportado es brindar acompañamiento institucional para que los involucrados puedan iniciar o completar los trámites correspondientes ante la federación.
Al ser la minería una competencia de jurisdicción federal, la administración estatal se limitará a fungir como enlace y facilitador, asegurando que los procedimientos administrativos se lleven a cabo bajo el marco de la ley y garantizando que se restablezca el orden en la zona bajo las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.
- La clausura fue resultado de una inspección técnica por falta de concesiones vigentes.
- Participaron autoridades de los tres niveles en materia de seguridad para resguardar el perímetro.
- Se descarta que el cierre esté vinculado a actividades de la delincuencia organizada.
