El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) determinó elevar la situación de México ante la Asamblea General del organismo. Esta medida se fundamenta en la existencia de indicios sobre ataques generalizados o sistemáticos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, activando por primera vez un mecanismo de alerta internacional de carácter preventivo.
Desde su sede en Ginebra, el organismo internacional invocó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta disposición se aplica en casos donde existe información fidedigna que sugiere una práctica sistemática de desapariciones en el territorio de un Estado parte, lo que sitúa la crisis forense y de seguridad del país en la agenda prioritaria de la ONU a nivel global.
Hallazgos y criterios internacionales
El análisis técnico del Comité señala que las desapariciones en territorio mexicano presentan características de ataques sistemáticos contra la población civil en diversas regiones y periodos. Según el derecho internacional, esta clasificación es necesaria para considerar un delito como de lesa humanidad. El informe destaca tres escenarios críticos:
- Participación directa de servidores públicos en la privación de la libertad.
- Casos de desaparición cometidos por particulares con la tolerancia o apoyo de autoridades.
- Acciones sistemáticas de grupos delictivos organizados que operan con impunidad en zonas específicas.
El Comité aclaró que este procedimiento no constituye una sentencia judicial ni una acusación directa contra individuos específicos, sino que actúa como una señal de alerta institucional para que la comunidad internacional intervenga en la vigilancia de las garantías de derechos humanos en el país.
Dimensiones de la crisis forense
La resolución de la ONU se sustenta en cifras que evidencian la magnitud del fenómeno en las últimas décadas. A pesar de la existencia de registros oficiales, el organismo subrayó la falta de claridad en la tipificación de los delitos para distinguir entre desapariciones cometidas por particulares y desapariciones forzadas con intervención estatal.
- Localización de más de 4,500 fosas clandestinas en territorio nacional.
- Recuperación de más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos en operativos de búsqueda.
- Un acumulado de aproximadamente 72,000 restos humanos sin identificar en los servicios forenses.
Contexto regional en el Bajío y Querétaro
En el panorama de Querétaro, si bien la incidencia de desapariciones forzadas se reporta en menores índices en comparación con entidades vecinas del Bajío, los colectivos de búsqueda locales han mantenido una exigencia constante hacia la Fiscalía General del Estado. La demanda central en la región ha sido la homologación de protocolos de identificación forense y el acceso transparente a las bases de datos de perfiles genéticos, una problemática que conecta con el señalamiento nacional de la ONU sobre la saturación y deficiencia en el procesamiento de restos humanos a nivel estatal.
Postura del Gobierno de México
Ante la determinación del Comité, la Secretaría de Gobernación emitió un posicionamiento oficial en el que rechazó la interpretación de que las desapariciones en el país obedezcan a una política de Estado. El gobierno federal sostuvo que la mayoría de los casos están vinculados directamente con actividades del crimen organizado y no con una instrucción sistemática desde las instituciones gubernamentales.
La administración federal defendió los avances realizados en materia institucional, destacando la creación de centros de identificación humana y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aunque el Estado reconoce la gravedad de la crisis, mantiene su desacuerdo con la posibilidad de que la situación sea calificada como una práctica de lesa humanidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
