El legislador federal por el estado de Querétaro, Luis Humberto Fernández, defendió la integridad del paquete de reformas legales conocido como «Plan B», asegurando que su implementación responde a una necesidad de actualización institucional y no a una confrontación entre fuerzas políticas. Estas precisiones ocurren en un entorno de debate sobre la viabilidad de los cambios en las leyes secundarias en materia electoral.
Fernández desestimó las críticas vertidas por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Martín Arango, quien sugirió que la iniciativa representaba una respuesta política tras el rechazo a la reforma constitucional previa. El diputado federal sostuvo que el planteamiento legislativo tiene un enfoque de transformación estructural orientado a la funcionalidad del sistema democrático nacional.
El representante legislativo subrayó que, ante la imposibilidad de modificar la Constitución, la vía legal secundaria permite avanzar en áreas críticas de la administración pública. Argumentó que calificar la propuesta como un acto de revancha carece de fundamento técnico, pues el objetivo central es la consolidación de un régimen democrático más eficiente.
Dentro de los pilares del proyecto, el diputado destacó la importancia de revisar el ejercicio del gasto público fuera de la capital del país. Entre las medidas específicas que contempla el proyecto, se encuentran:
- Reducción de los techos financieros asignados a los Congresos locales.
- Optimización del gasto operativo en las regidurías de los ayuntamientos.
- Reconfiguración de los procesos administrativos para reducir la burocracia electoral.
Para el legislador, estos ajustes son fundamentales para liberar recursos que puedan ser redirigidos a necesidades sociales prioritarias, sin que ello comprometa la integridad de los procesos de elección popular.
La postura de Fernández se inserta en un clima de constante escrutinio sobre la autonomía municipal y estatal en Querétaro. Históricamente, la entidad ha sido escenario de debates intensos sobre el control del gasto en legislaturas locales, un tema que ha generado divisiones marcadas entre la visión de austeridad promovida por el gobierno federal y la defensa de la soberanía presupuestaria sostenida por las administraciones locales de extracción panista.
Con este posicionamiento, el diputado federal busca establecer una narrativa técnica sobre la reforma, enfatizando que el fortalecimiento de la democracia debe ir acompañado de una racionalización de los costos operativos del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno.
