El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mantiene bajo revisión técnica y legal la iniciativa de la Ley de Identidad de Género, aprobada recientemente por la Legislatura local. El titular del gobierno estatal, Mauricio Kuri González, confirmó que el análisis se encuentra dentro de los plazos constitucionales para determinar si el documento será promulgado o, en su caso, devuelto con observaciones al recinto legislativo.
La postura oficial surge tras el exhorto emitido por la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados federal, la cual instó a la administración queretana a agilizar la publicación del dictamen en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. No obstante, el Ejecutivo subrayó que existen múltiples peticiones y posturas de diversos sectores de la sociedad que también están siendo consideradas en este periodo de evaluación.
De acuerdo con el marco normativo de la entidad, el Gobernador cuenta con una facultad de revisión que le permite ponderar el impacto de las leyes aprobadas antes de su entrada en vigor. Kuri González precisó que su administración está «escuchando todas las voces», toda vez que el tema ha suscitado opiniones encontradas en el espectro político y ciudadano del estado.
Este proceso administrativo no es inusual en la gestión pública queretana; históricamente, el Ejecutivo ha utilizado el periodo de promulgación para asegurar que las reformas armonizadas no presenten vacíos legales o inconsistencias con el marco jurídico vigente. La decisión final, según se informó, se tomará con estricto apego a la utilidad pública y al respeto de los derechos civiles fundamentales.
La entidad ha experimentado en años recientes una serie de transiciones legislativas enfocadas en la actualización de sus códigos civiles. En contextos previos, como las reformas relacionadas con el registro civil y los derechos de familia, el estado ha optado por procesos de revisión exhaustivos para garantizar que la transición institucional sea ordenada y responda a la realidad social de Querétaro.
El procedimiento administrativo que sigue la iniciativa actualmente es el siguiente:
- Análisis técnico por parte de la Secretaría de Gobierno.
- Revisión de exhortos y posicionamientos de organismos externos y locales.
- Determinación sobre la promulgación oficial o la aplicación del derecho de veto.
- En caso de aprobación, publicación en el órgano oficial de difusión del estado.
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha exacta para el anuncio de la decisión final, sin embargo, el mandatario reiteró que el proceso se mantiene activo y bajo la vigilancia de las áreas jurídicas correspondientes.
