En el estado de Querétaro se inician anualmente más de 20 mil juicios relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. A pesar del volumen de procesos legales, el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos cuenta actualmente con una inscripción de apenas 208 personas, lo que refleja una disparidad entre la incidencia de casos judiciales y el registro formal de infractores.
De acuerdo con la información proporcionada por la representación queretana en el Senado de la República, el registro vigente detalla que de los 208 deudores inscritos, 201 son hombres y 7 son mujeres. Recientemente, se reportó que seis personas salieron de dicho listado tras haber cumplido con el pago correspondiente de sus adeudos.
Ante la saturación de procesos en los juzgados familiares, se han presentado ante el Congreso de la Unión ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo que buscan establecer mecanismos más estrictos para obligar a los responsables al cumplimiento de sus pagos. Los argumentos legislativos señalan que, pese a las reformas implementadas en 2023 para fortalecer este padrón, el sistema actual enfrenta retos en su aplicación práctica, tales como procesos lentos y una limitada ejecución de consecuencias para quienes integran la lista.
Para abordar esta problemática a nivel local, se contempla la firma de convenios de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Gobierno del Estado, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y organismos de la sociedad civil. El objetivo de estos acuerdos es generar una red de verificación que permita incidir en el cumplimiento de las sentencias judiciales.
Una de las medidas que entrará en vigor en la entidad busca restringir la contratación de personas que se encuentren dentro del registro de deudores alimentarios morosos. Esta estrategia involucra directamente al sector empresarial, el cual colaborará con las autoridades para asegurar que las responsabilidades parentales sean atendidas antes de formalizar vínculos laborales en ciertas áreas de la iniciativa privada.
- Búsqueda de mecanismos de pago inmediato.
- Restricciones en trámites administrativos para deudores.
- Monitoreo constante del cumplimiento de sentencias por parte del Poder Judicial.
En los últimos años, Querétaro ha registrado un incremento sostenido en la carga de trabajo de los juzgados familiares. La problemática del incumplimiento alimentario ha sido un tema recurrente en la agenda pública estatal, impulsando reformas previas que permitieron la creación del registro público de deudores. Sin embargo, el desfase entre las cifras de juicios iniciados y las personas efectivamente sancionadas en el padrón sigue siendo uno de los principales retos para el sistema de justicia local en su intento por garantizar el interés superior de la niñez.
La implementación de estas nuevas medidas busca que la entidad se convierta en un referente nacional en la aplicación de sanciones administrativas y laborales, desincentivando el abandono de las obligaciones económicas hacia los menores de edad y agilizando los tiempos de respuesta del sistema judicial.
