El estancamiento del crecimiento económico en México encuentra su raíz principal en el comportamiento de la inversión productiva, un fenómeno que no es coyuntural, sino que responde a una tendencia de varias décadas. El análisis de los ciclos financieros del país revela que la capacidad de generar infraestructura y desarrollo físico ha perdido peso de forma constante en el presupuesto nacional.
Para el estado de Querétaro, esta dinámica nacional representa un desafío particular. Mientras la entidad se ha consolidado como un polo de atracción de capital privado y desarrollo industrial, la tendencia decreciente de la inversión pública federal obliga a las autoridades locales y a la iniciativa privada a buscar esquemas de financiamiento alternativos para mantener el ritmo de competitividad regional.
Al revisar el desempeño de la inversión fija bruta durante los últimos periodos administrativos, se observa una fluctuación que no ha logrado consolidar un ritmo de crecimiento robusto. Tras la apertura comercial en la década de los 90, los resultados han sido moderados:
- Periodo 1994-2000: Marcado por una recuperación tras la crisis de 1995, cerró con un crecimiento promedio anual del 1.56 por ciento.
- Periodo 2000-2006: Registró una tasa media anual del 2.41 por ciento, impulsada en parte por el dinamismo de las exportaciones.
- Periodo 2006-2012: Pese al impacto de la crisis financiera global de 2008, este lapso alcanzó la tasa de crecimiento media más alta registrada recientemente, con un 3.07 por ciento anual.
No obstante, el debilitamiento de la inversión se agudizó significativamente a partir del año 2012. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la inversión bruta fija apenas promedió un avance del 0.55 por ciento anual, reflejando un freno en la obra pública que impactó directamente en el sector privado.
En el periodo gubernamental que concluyó recientemente, la dinámica de inversión estuvo sujeta a factores externos y decisiones internas de alto impacto. Entre la cancelación de proyectos aeroportuarios y la crisis sanitaria global, la inversión total logró un promedio de crecimiento del 1.70 por ciento anual, cifra impulsada en el tramo final por la relocalización de cadenas de suministro, conocida como nearshoring.
Sin embargo, los datos más recientes indican una nueva contracción. Al cierre del ciclo anual de 2025, se registró una caída del 6.34 por ciento en este rubro, lo que enciende las alertas sobre la sostenibilidad del crecimiento a mediano plazo si no se reactivan los flujos de capital hacia proyectos de infraestructura básica y logística.
La transformación más profunda se observa en la composición del gasto público. En el año 2008, la inversión pública representaba el 23 por ciento de la inversión total en el país; para finales del año pasado, esa proporción descendió drásticamente al 13.6 por ciento. Esto significa que el Estado ha cedido casi 10 puntos porcentuales de su peso en la formación de capital fijo.
Este retroceso se explica por el cambio en el destino del gasto programable. Mientras que en 2009 la inversión física llegó a representar el 22.5 por ciento del presupuesto disponible, para los primeros meses de 2026 se estima que esta proporción se ubique apenas en el 10.9 por ciento. Esta reducción limita la creación de «externalidades positivas», es decir, las condiciones de conectividad y energía que el sector privado requiere para establecerse y expandirse.
La evidencia económica sugiere que la reactivación del Producto Interno Bruto (PIB) está vinculada de manera indisoluble a la recuperación de la inversión pública. Ante un escenario de recursos fiscales limitados, el gran reto para la administración federal actual será el diseño de mecanismos de inversión mixta que permitan detonar proyectos de gran calado.
Sin una estrategia que priorice la infraestructura y brinde certidumbre al capital, el país corre el riesgo de mantener un crecimiento inercial insuficiente para cubrir las necesidades sociales y laborales de la población. La experiencia histórica demuestra que la inversión privada, aunque fundamental, requiere de un piso sólido de inversión pública para maximizar su impacto en la economía nacional.
