La industria automotriz en México y la Secretaría de Economía han formalizado un canal de comunicación permanente con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026. A pesar de la reestructuración de los mecanismos tradicionales de consulta, el sector privado asegura que la interlocución con el gobierno federal se mantiene activa para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro regional.
Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), precisó que, aunque el organismo conocido históricamente como Cuarto de Junto ha dejado de operar bajo esa denominación, la esencia de la consulta técnica entre autoridades y empresarios persiste. Este esquema es fundamental para definir las posturas técnicas que México presentará ante sus socios comerciales.
El representante de la AMIA detalló que existe una labor conjunta con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. Esta coordinación se extiende a las misiones diplomáticas y técnicas realizadas en Washington, donde se revisan los avances de la agenda comercial y los posibles escenarios para la industria manufacturera.
Para Querétaro, la certidumbre en las reglas de operación del T-MEC es crítica, dado que el estado se consolida como uno de los principales centros de autopartes y manufactura avanzada del país. En años recientes, la entidad ha captado inversiones significativas orientadas a la exportación, lo que vincula directamente la economía local con las decisiones tomadas en el marco del tratado trilateral.
Históricamente, el sector automotriz queretano ha respondido con resiliencia ante los cambios en las reglas de origen y las normativas laborales exigidas por el acuerdo comercial. La continuidad del diálogo que reporta la AMIA sugiere un intento por mitigar riesgos para las plantas de producción y los miles de empleos que dependen de las exportaciones hacia el mercado norteamericano.
Desde la perspectiva de los analistas financieros, el panorama presenta desafíos derivados de la política interna mexicana. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, señaló que las recientes modificaciones constitucionales, específicamente la reforma judicial y los cambios en el sector energético, han introducido variables de incertidumbre para el capital extranjero.
- Las reformas internas generan dudas sobre la seguridad jurídica de las inversiones de largo plazo.
- El sector privado se posiciona como un interlocutor necesario para equilibrar las tensiones regulatorias.
- La integración de las cadenas de valor regionales actúa como un contrapeso ante las fluctuaciones políticas.
A pesar de estos factores, el análisis financiero destaca que el valor estratégico de México dentro de la cadena de manufactura de América del Norte permanece sólido. El interés de las corporaciones estadounidenses por mantener sus operaciones en territorio nacional responde a la eficiencia logística y a la interdependencia productiva que se ha construido durante tres décadas de integración comercial.
La industria automotriz no solo busca ser consultada, sino que aspira a funcionar como un puente técnico que facilite los acuerdos. Según los especialistas, la presión que las propias empresas estadounidenses ejerzan sobre su gobierno será determinante para evitar barreras arancelarias o cambios drásticos en el tratado que pudieran comprometer la competitividad de la región frente a otros bloques económicos.
Con la revisión del T-MEC en el horizonte, la coordinación reportada entre la AMIA y la Secretaría de Economía establece un precedente de colaboración institucional que busca proteger el flujo comercial y la confianza de los inversionistas en los sectores clave de la economía mexicana.
