El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las indagatorias contra servidores y exservidores públicos involucrados en actividades ilícitas se ejecutan sin criterios de filiación política. Durante el balance de seguridad presentado este miércoles, el funcionario reportó que, en lo que va de la gestión federal, se ha logrado la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios.
Dentro de este grupo de detenciones, la autoridad destacó la aprehensión de siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura. Según el reporte oficial, las acciones responden a un esquema de cero impunidad en el que se prioriza la existencia de indicios y pruebas materiales sobre cualquier cargo público o pertenencia partidista.
En el rubro de delitos de alto impacto, la SSPC reportó una tendencia a la baja en el promedio diario nacional de homicidios dolosos. De acuerdo con las cifras preliminares presentadas, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 se registró una reducción del 49 por ciento en este indicador.
Esta disminución se atribuye a una estrategia basada en cuatro pilares operativos:
- Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y seguimiento.
- Investigación científica y técnica de los grupos delictivos.
- Coordinación territorial permanente con los estados.
- Despliegue operativo en zonas con mayor incidencia de violencia.
Asimismo, se informó que el total de personas detenidas por delitos de alto impacto desde el inicio de la administración asciende a 54 mil 300 sujetos, lo cual forma parte del objetivo de reducir la presencia de generadores de violencia en el espacio público.
En el marco de la colaboración con agencias externas, el secretario detalló el envío de 92 objetivos prioritarios hacia Estados Unidos, procesos realizados en tres bloques temporales que abarcaron desde agosto pasado hasta enero de 2026. Estas acciones incluyeron a integrantes de diversas facciones delictivas y cárteles con presencia nacional.
Respecto al control de armamento, se han asegurado cerca de 30 mil armas de fuego, de las cuales el 78 por ciento tiene su origen comprobado en el país vecino del norte. Por otro lado, la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Gabinete de Seguridad ha permitido el bloqueo de mil 422 personas vinculadas a estructuras criminales, inmovilizando recursos que superan los 4 mil millones de pesos.
En el caso particular de Querétaro, la entidad ha mantenido una política de coordinación con las fuerzas federales para el blindaje de sus fronteras y el intercambio de información técnica. Los resultados presentados a nivel federal en materia de inteligencia y combate a la impunidad de funcionarios coinciden con la exigencia social en la región por mantener instituciones sólidas y procesos de justicia transparentes que eviten la infiltración de grupos delictivos en las administraciones locales.
El balance gubernamental concluyó que la revisión diaria de los fenómenos delictivos en las zonas prioritarias permitirá ajustar las operaciones de despliegue territorial para consolidar la tendencia a la baja en la incidencia criminal reportada hasta el quinto mes del año 2026.
