A medio año del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la administración municipal y familiares de la víctima mantienen un diferendo público sobre el curso de las indagatorias y el manejo de los recursos públicos destinados a la defensa legal de los involucrados. La actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, rechazó las acusaciones que sugieren el uso de erario para financiar la asesoría jurídica de los elementos de seguridad señalados por omisión.
El conflicto escaló tras las declaraciones de Juan Manzo, subsecretario de Gobernación y hermano del edil fallecido, quien señaló al Ayuntamiento por presuntamente costear los honorarios de los siete escoltas imputados por homicidio doloso por omisión. Según el funcionario estatal, esta acción representaría una irregularidad administrativa y un obstáculo para la justicia en el caso que conmocionó a la región en noviembre pasado.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la alcaldesa Grecia Quiroz desmintió categóricamente la entrega de apoyos económicos a los policías detenidos. La funcionaria precisó que los agentes fueron separados de la nómina municipal tras su vinculación al proceso, asegurando que ni su oficina ni las secretarías del gabinete han intervenido en el pago de abogados particulares.
Quiroz sugirió que los señalamientos en su contra poseen un trasfondo político. En su defensa, recordó que al inicio de las investigaciones consultó directamente con la Fiscalía General de Michoacán sobre la posible participación directa de los escoltas en el crimen, recibiendo en su momento información de que no se habían hallado indicios de complicidad en sus dispositivos móviles o comunicaciones.
Otro punto de fricción en la investigación es la entrega del teléfono celular que pertenecía al exalcalde. Juan Manzo acusó a la alcaldesa de negarse a proporcionar el equipo a la Fiscalía General del Estado, herramienta que podría aportar datos sobre geolocalización y conversaciones previas al atentado.
Al respecto, la presidenta municipal aclaró que no existe una negativa absoluta, sino una exigencia de condiciones para garantizar la integridad de la prueba. Quiroz manifestó su disposición a permitir la extracción de información siempre y cuando se realice en su presencia, argumentando el riesgo de que el contenido del dispositivo sea manipulado o alterado si se entrega sin supervisión directa.
El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas tras un acto público, se suma a la lista de incidentes violentos contra funcionarios municipales que han encendido las alarmas en estados vecinos como Querétaro. Históricamente, la seguridad en los límites de Michoacán y el Bajío ha sido una prioridad para las autoridades queretanas, quienes han reforzado blindajes fronterizos ante la inestabilidad política y criminal en municipios colindantes.
Este caso recuerda a episodios de violencia política que Querétaro ha buscado evitar mediante la implementación de protocolos de protección a funcionarios y la profesionalización de las unidades de escoltas. La controversia en Uruapan subraya la importancia del rigor en las cadenas de custodia y la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la seguridad pública local.
La alcaldesa también cuestionó lo que considera un desequilibrio en las imputaciones. Señaló que, mientras los escoltas municipales enfrentan procesos legales, otros cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional también estuvieron presentes en la zona y podrían haber incurrido en omisiones similares sin que hasta el momento se reporten procesos en su contra.
- Siete policías municipales permanecen bajo investigación por omisión.
- Se investiga a exfuncionarios y presuntos autores intelectuales detenidos tras el crimen.
- Familiares de la víctima han solicitado extender la investigación a otras figuras políticas estatales.
La resolución del caso permanece en manos de las autoridades judiciales, mientras el intercambio de declaraciones entre los familiares de la víctima y la actual administración municipal evidencia la fragmentación política en el ayuntamiento tras los sucesos de noviembre.
