Agencias de inteligencia y justicia de Estados Unidos han iniciado una revisión exhaustiva sobre una estructura de empresas y transacciones financieras que involucran a servidores públicos y personas cercanas al entorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La investigación se centra en la posible triangulación de recursos públicos y el movimiento de capitales hacia compañías privadas vinculadas a familiares del mandatario.
De acuerdo con informes técnicos presentados recientemente ante instancias judiciales internacionales, el foco de las autoridades estadounidenses recae en Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas en la entidad. Se le señala por su presunta participación en un esquema de asignación de contratos estatales a la firma Housesin Desarrollos SA de CV, propiedad del propio exfuncionario.
Las indagatorias sugieren que, una vez obtenidos los contratos públicos a partir de noviembre de 2021, esta empresa habría transferido recursos a la Constructora Chocosa, cuyos propietarios son los hijos del gobernador Rocha Moya. Este flujo de efectivo, estimado en aproximadamente 240 millones de pesos entre los años 2021 y 2023, es analizado bajo la figura de retorno de recursos o subcontratación injustificada.
El seguimiento financiero forma parte de un expediente más amplio radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La investigación no se limita exclusivamente a los funcionarios públicos, sino que se extiende a cualquier entidad privada que haya mantenido vínculos comerciales con los señalados. Bajo la legislación de seguridad nacional de Estados Unidos, estas relaciones comerciales pueden ser tipificadas como conspiración o lavado de dinero si se comprueba el origen ilícito de los fondos.
- JRM Transportación: Investigada por presuntas actividades relacionadas con el traslado irregular de hidrocarburos.
- Constructora Remco y Majolva: Empresas bajo escrutinio que habrían recibido contratos estatales de forma recurrente.
- Representación legal: Se ha identificado a Jesús Antonio Cázares López, vinculado familiarmente con el senador Enrique Inzunza, como representante de varias de estas compañías.
Este caso de fiscalización externa resuena en la agenda pública de Querétaro, donde las instituciones de transparencia y la sociedad civil han mantenido una vigilancia constante sobre la integridad de la obra pública y la proveeduría estatal. Históricamente, en el estado se han fortalecido los mecanismos de rendición de cuentas para evitar que el conflicto de interés y la asignación directa de contratos comprometan la utilidad de los recursos ciudadanos, un modelo que contrasta con las crisis institucionales observadas en otras entidades federativas.
La fiscalía estadounidense ha indicado que el número de personas bajo indagatoria podría incrementarse a medida que se desglosen las bitácoras bancarias y los registros de las aduanas. Los cargos que se barajan incluyen asociación delictuosa y complicidad en actividades relacionadas con el crimen organizado, debido a la supuesta protección brindada desde estructuras de gobierno para el crecimiento de estas empresas familiares.
Por el momento, las autoridades de Sinaloa no han emitido una postura oficial detallada frente a los señalamientos financieros específicos que vinculan a los hijos del mandatario con la red de proveeduría de Díaz Vega. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer nuevas actuaciones judiciales derivadas de los datos aportados por las agencias de inteligencia.
