La administración federal de Estados Unidos, bajo la dirección de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), ha formalizado una estrategia de persecución dirigida contra servidores públicos mexicanos que mantengan vínculos operativos o de protección con organizaciones del narcotráfico. Sara Carter, titular del organismo, confirmó que el enfoque prioritario se centra en desarticular las redes de apoyo al Cártel de Sinaloa y las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos.
Durante una entrevista para el programa American Thought Leaders, la funcionaria estadounidense señaló que las acciones no solo contemplan la detención de objetivos prioritarios, sino también el desmantelamiento de sus estructuras financieras mediante la confiscación de fondos. Carter enfatizó que esta línea de acción incluye directamente a integrantes del gobierno que han facilitado las operaciones de las organizaciones criminales en el hemisferio.
La titular de la ONDCP detalló que la cooperación binacional ha permitido avances recientes en la localización de figuras clave de la delincuencia organizada. En este sentido, atribuyó a la inteligencia estadounidense la generación de los datos estratégicos que derivaron en los operativos contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ejecutados por la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales de México bajo la coordinación del general Trevilla.
Pese a la advertencia de medidas más severas por parte de la Casa Blanca en caso de falta de cooperación, Carter reconoció la disposición de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el intercambio de información y fortalecer la relación con sus homólogos en materia de seguridad fronteriza y combate al tráfico de sustancias.
Ante el endurecimiento del discurso de Washington, el Gabinete de Seguridad de México ha reforzado la narrativa de respeto a la soberanía nacional al tiempo que reporta resultados operativos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó recientemente que, en lo que va del presente gobierno, se han cumplimentado las detenciones de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos señalados por presuntos nexos con grupos delictivos.
- Identificación de objetivos generadores de violencia en entidades prioritarias.
- Evaluación diaria de fenómenos delictivos por el Gabinete de Seguridad.
- Estrategia de confiscación de activos en colaboración con agencias internacionales.
En el estado de Querétaro, la dinámica de seguridad se mantiene en alerta ante los reacomodos de los grupos criminales mencionados por el gobierno estadounidense en entidades vecinas. Históricamente, la entidad ha servido como un punto de contención donde la coordinación entre la Guardia Nacional y las corporaciones locales busca prevenir el flujo de operaciones financieras y logísticas de los cárteles que operan en las fronteras de Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.
La postura de la ONDCP sugiere un periodo de mayor presión para las administraciones estatales y federales en México, donde la fiscalización de las cuentas públicas y la integridad de los mandos policiales serán factores clave en la relación diplomática con la administración de Donald Trump.
