La Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica encabezada por Luisa María Alcalde, inició un análisis técnico para determinar la viabilidad de postergar la elección del Poder Judicial. Aunque originalmente se contemplaba realizar el proceso de manera conjunta con los comicios intermedios de 2027, la nueva instrucción busca evaluar si el traslado de la jornada electoral al año 2028 garantiza una mayor certeza jurídica y operativa.
La revisión del calendario responde a la complejidad logística que representaría para la ciudadanía y las instituciones electorales enfrentar un proceso concurrente de gran escala. En 2027, México renovará gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos. Sumar la elección de magistrados y jueces implicaría que el votante reciba una cantidad inédita de boletas, lo que podría derivar en confusión y dificultades en el escrutinio.
Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), voces técnicas han advertido sobre la naturaleza distinta de los comicios judiciales. Se ha planteado que, para asegurar que el electorado comprenda las funciones y el impacto de los cargos judiciales a elegir, es indispensable que estos cuenten con su propio espacio temporal, independiente de la competencia entre partidos políticos por cargos ejecutivos y legislativos.
En el ámbito local, Querétaro se ha distinguido por mantener procesos electorales con altos niveles de participación y orden institucional. Una modificación en los tiempos federales obligaría a las autoridades electorales en la entidad a reajustar sus estrategias de capacitación y difusión ciudadana. La entidad, que alberga importantes sedes del Poder Judicial de la Federación, requiere de una delimitación clara de funciones para evitar que la efervescencia política local opaque la relevancia técnica de la renovación judicial.
Históricamente, los ajustes en los periodos de los juzgadores se han realizado mediante artículos transitorios, una práctica que ha generado debates sobre la estabilidad de los periodos de encargo. La propuesta actual de la administración federal busca, bajo este análisis, establecer una ruta que evite los cuestionamientos de inconstitucionalidad que han marcado ajustes previos en años como 2016 y 2024.
El Poder Legislativo ya anticipa movimientos para dar soporte jurídico a este posible cambio de fecha. Se ha planteado la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes de finalizar el primer semestre del año. El objetivo sería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y ajustar las reglas de la elección de jueces y magistrados para adecuarlas a un calendario que priorice la transparencia sobre la inmediatez.
- Evaluación de costos operativos frente a la certeza del proceso.
- Separación de la naturaleza política de las elecciones intermedias de la naturaleza técnica judicial.
- Rediseño del modelo de votación para evitar la saturación de urnas.
La decisión final dependerá de los resultados del estudio que la Consejería Jurídica presente a la titular del Ejecutivo. Por ahora, la prioridad institucional se centra en definir si el modelo de elección desarrollado hasta el momento cuenta con las garantías necesarias para ejecutarse en 2025 o si requiere una reconfiguración profunda basada en la experiencia institucional reciente.
