Luego de permanecer dos meses bajo un proceso judicial en Sudáfrica, los comunicadores mexicanos Julio Ibáñez y Daniel García regresaron al país tras ser exonerados de cargos graves relacionados con terrorismo. Los integrantes del equipo de cobertura deportiva de la cadena N+ fueron interceptados por unidades de élite tras utilizar un equipo de dron para capturar imágenes aéreas en zonas residenciales de Johannesburgo.
La detención ocurrió a las 05:00 horas en el hotel donde se hospedaban los periodistas. De acuerdo con el testimonio de los afectados, elementos de los Hawks, la unidad de élite de la policía sudafricana dedicada a delitos graves y delincuencia organizada, irrumpieron en las habitaciones sin portar uniformes oficiales en un primer momento, lo que generó confusión entre los reporteros.
El origen del conflicto legal se derivó del uso de un dron para realizar tomas de apoyo destinadas a cápsulas informativas sobre los rivales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Las autoridades locales detectaron el vuelo del dispositivo en las inmediaciones de una escuela judía, lo que activó protocolos de seguridad nacional ante posibles amenazas de terrorismo.
Además de los señalamientos por espionaje o terrorismo, las autoridades sudafricanas cuestionaron la legalidad de su estancia en el país. Debido a que el sistema de ingreso actual de Sudáfrica utiliza una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), los pasaportes de Ibáñez y García no presentaban sellos físicos, lo que fue interpretado inicialmente como un ingreso ilegal.
- La falta de acceso a sus dispositivos móviles durante el interrogatorio impidió que mostraran los comprobantes digitales.
- Fueron vinculados erróneamente con grupos del crimen organizado internacional.
- Se les dictó prisión preventiva mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.
Durante la primera semana del proceso, los ciudadanos mexicanos fueron recluidos en una prisión local. Ibáñez describió condiciones de hacinamiento y un entorno de inseguridad dentro del centro penitenciario, donde el trato de los custodios y la convivencia con otros internos representaron un riesgo constante a su integridad física.
Tras obtener la libertad condicional, los periodistas permanecieron bajo medidas cautelares que les prohibían abandonar la provincia y les obligaban a presentarse semanalmente ante el juzgado para firmar. Durante este periodo, la defensa legal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México intervinieron para acreditar la labor periodística de los detenidos y desestimar las acusaciones de actividades ilícitas.
Este incidente ocurre en un contexto donde las recomendaciones de viaje para ciudadanos de Querétaro y del resto del país enfatizan la importancia de conocer las legislaciones locales sobre el uso de tecnologías aéreas. Históricamente, casos similares han involucrado a viajeros mexicanos en países con estrictas leyes de seguridad, lo que subraya la necesidad de una vinculación estrecha con las representaciones diplomáticas en el extranjero.
El caso concluyó con el pago de una multa administrativa de 10 mil rands (aproximadamente 10 mil 500 pesos mexicanos). A pesar de haber recuperado su libertad y sus documentos de viaje, los afectados informaron que buscarán apelar la sentencia ante la Suprema Corte de Sudáfrica, al considerar que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que el fallo no corresponde a la naturaleza de los hechos.
Finalmente, tras dos meses de gestiones legales, los comunicadores arribaron a la Ciudad de México, donde destacaron la importancia del acompañamiento institucional para resolver situaciones jurídicas en el extranjero que ponen en pausa la seguridad personal y la libertad de prensa.
