La política de desarrollo regional en México atraviesa un punto de inflexión. Durante décadas, el éxito de un territorio se midió exclusivamente a través de indicadores como la captación de inversión extranjera directa, la expansión de infraestructura y la generación de empleos industriales. No obstante, el actual panorama global, marcado por la crisis climática y el agotamiento de recursos naturales, obliga a una reconfiguración de estas prioridades para integrar los límites biofísicos del planeta como variables económicas determinantes.
Históricamente, los modelos de crecimiento en el país, desde la sustitución de importaciones hasta la consolidación del Tratado de Libre Comercio, operaron bajo la premisa de que los recursos naturales eran inagotables o sustituibles. Esta visión hoy resulta insuficiente. De acuerdo con planteamientos académicos recientes, los límites planetarios deben ser entendidos como restricciones espaciales que condicionan la viabilidad de cualquier proyecto productivo a largo plazo.
Bajo esta óptica, factores que antes se consideraban externos, como la estabilidad del ciclo del agua, la salud de los ecosistemas y la capacidad de absorción de contaminantes, se transforman en factores estructurales de la economía. Para una nación como México, que enfrenta simultáneamente procesos de desertificación en el norte y una vulnerabilidad creciente ante fenómenos meteorológicos extremos, esta transición no es opcional, sino una medida de supervivencia institucional.
La geografía económica de México presenta desafíos diferenciados. En el norte, estados con una vocación manufacturera consolidada como Nuevo León, Chihuahua y Sonora, enfrentan una contradicción operativa: son los principales receptores del fenómeno del nearshoring, pero registran niveles de estrés hídrico críticos. La planeación económica en estas zonas debe reconocer que la disponibilidad de agua es ya una restricción para la expansión industrial.
Por otro lado, el sur-sureste del país, rico en biodiversidad pero con altos índices de rezago social, requiere un modelo que no replique la industrialización tradicional. El reto para entidades como Oaxaca o Chiapas reside en transformar la conservación de servicios ambientales en una ventaja competitiva real, fomentando una economía que valore el capital natural por encima de la explotación extractiva.
En el contexto local, Querétaro y la región del Bajío se han posicionado como el corazón manufacturero del país. Sin embargo, la competitividad de este corredor ya no puede depender únicamente de su ubicación estratégica o su mano de obra calificada. El futuro de la industria en la entidad está ligado directamente a la transición hacia energías limpias y al cumplimiento de estándares ambientales internacionales cada vez más rigurosos.
Históricamente, Querétaro ha demostrado una capacidad de adaptación superior mediante la colaboración entre academia, industria y gobierno. No obstante, el crecimiento futuro demandará una infraestructura resiliente capaz de mitigar riesgos energéticos y garantizar el suministro hídrico para la población y la producción, integrando criterios de economía circular en el núcleo de su política pública.
Para materializar esta nueva agenda, es necesaria la creación de herramientas de gestión que superen la medición tradicional del Producto Interno Bruto (PIB). La propuesta de una política regional de vanguardia incluye:
- Presupuestos ecológicos regionales: Establecer límites claros en emisiones de carbono y uso de suelo que tengan el mismo peso legal que los presupuestos financieros.
- Ordenamiento territorial productivo: Determinar la ubicación de nuevas inversiones basándose en la huella hídrica y la vulnerabilidad climática de cada zona.
- Fomento a industrias de tecnología limpia: Potenciar sectores como el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica y la gestión avanzada de residuos.
- Sistemas de resiliencia urbana y rural: Diseñar planes de contingencia estructurales ante sequías prolongadas o interrupciones en las cadenas de suministro por causas ambientales.
El objetivo central de la planeación en las próximas décadas no será simplemente dónde invertir, sino cómo organizar el territorio nacional para asegurar la prosperidad colectiva dentro de los márgenes que la naturaleza permite. La eficiencia económica del siglo XXI será, ante todo, una eficiencia ecológica.
