El gobierno de Cuba, a través del presidente Miguel Díaz-Canel, rechazó formalmente la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro. El Ejecutivo cubano calificó el proceso legal como una maniobra política orientada a justificar presuntas agresiones militares contra la isla.
La imputación estadounidense vincula a Castro, de 94 años, con delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Estos cargos se derivan del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido hace 30 años, donde fallecieron cuatro personas.
Durante un mensaje oficial, Díaz-Canel sostuvo que la versión de Washington manipula los hechos ocurridos en 1996. Según la narrativa del gobierno cubano, el Ejército actuó en legítima defensa dentro de su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales, argumentando que se produjeron violaciones previas por parte de aeronaves que calificaron de origen terrorista.
El mandatario cubano señaló que las autoridades estadounidenses fueron informadas en múltiples ocasiones sobre estas incursiones aéreas sin que se tomaran medidas preventivas. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez y el primer ministro Manuel Marrero se sumaron al rechazo, calificando la medida de ilegal y como un refuerzo a la narrativa de presión externa que enfrenta la administración de la isla.
El expediente del Departamento de Justicia no solo señala a Raúl Castro, quien en el momento de los hechos fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La acusación también incluye a otros militares cubanos, entre ellos:
- Emilio José Palacio Blanco
- José Fidel Gual Barzaga
- Raúl Simanca Cárdenas
- Luis Raúl González-Pardo Rodríguez
- Lorenzo Alberto Pérez-Pérez
Históricamente, México ha mantenido una postura de no intervención y respeto a la autodeterminación en el caso cubano, fungiendo a menudo como puente diplomático en la región. En Querétaro, la relación con Cuba se ha manifestado principalmente a través de intercambios académicos y culturales, además de la presencia de especialistas médicos en diversas etapas de cooperación bilateral. Esta nueva tensión entre Washington y La Habana ocurre en un momento donde las políticas de sanciones afectan la logística comercial que repercute en diversos socios latinoamericanos.
La acción judicial contra el liderazgo histórico cubano coincide con un incremento en las sanciones económicas por parte de la administración del presidente Donald Trump. Entre las medidas recientes destacan un bloqueo al suministro de petróleo y restricciones financieras contra el conglomerado Gaesa, el cual gestiona una parte significativa del Producto Interno Bruto de Cuba.
Finalmente, la situación en la isla se ha visto agravada por la inestabilidad en Venezuela, su principal aliado energético. La detención del presidente Nicolás Maduro en Caracas a principios de año ha profundizado las dificultades de abastecimiento de crudo y la crisis energética que afecta a la población cubana en los últimos meses.
