El proceso de preparación para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ha comenzado a generar actividad legislativa en el Capitolio. Durante las últimas tres semanas, diversos bloques de congresistas estadounidenses han remitido comunicaciones formales al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, con el objetivo de integrar prioridades específicas en la agenda de negociación comercial.
Estas peticiones, que surgen tanto de las filas republicanas como demócratas, se centran en cuatro ejes fundamentales: la transparencia fiscal en las importaciones, la protección de la base industrial estadounidense, la competencia con la industria automotriz china y la regulación del mercado agrícola, específicamente en el sector azucarero.
Un grupo de 20 representantes republicanos, encabezados por Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio Internacional, solicitó formalmente que se discuta la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las mercancías procedentes de Estados Unidos. El argumento central de los legisladores apunta a una presunta discrecionalidad y falta de claridad en los procesos ejecutados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
Este tema no es inédito en la relación bilateral, ya que la administración anterior en Estados Unidos consideró la aplicación del IVA como un factor para el cálculo de aranceles recíprocos. La relevancia de este bloque radica en que la mayoría de los firmantes integran el Comité de Medios y Procedimientos, órgano con influencia directa en la política comercial de la Cámara de Representantes.
Desde la bancada demócrata, una iniciativa liderada por Linda Sánchez y respaldada por 19 integrantes del Comité de Medios y Procedimientos busca un enfoque orientado a la protección social y ambiental. La propuesta demanda herramientas que inhiban la relocalización de empresas fuera de territorio estadounidense y refuercen los derechos laborales.
Asimismo, este grupo enfatiza la necesidad de establecer mecanismos que protejan las cadenas productivas de presiones geopolíticas externas. A diferencia de las posturas que sugieren aranceles unilaterales, esta fracción aboga por la implementación técnica de mecanismos de cumplimiento dentro del marco del tratado vigente.
La influencia de China en la región es otro punto de preocupación legislativa. El senador Jim Banks, junto con otros siete senadores republicanos, ha planteado la urgencia de restringir la expansión de la producción y venta de vehículos de origen chino en el área del TMEC. La petición solicita el diseño de políticas regionales que eviten que México o Canadá sirvan como puente para el ingreso de estos automóviles al mercado de Estados Unidos.
Esta postura se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre pasado y cuenta con el respaldo de diversos sectores de la industria automotriz en la Unión Americana, quienes consideran la competencia asiática como un riesgo estratégico para la región.
En el ámbito agropecuario, más de 110 legisladores de ambos partidos, liderados por John Hoeven y Elissa Slotkin, han solicitado al USTR el inicio de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. La solicitud se enfoca en las importaciones de azúcar, señalando a México como el principal proveedor bajo escrutinio por presuntas prácticas de comercio ilegal.
- Participan figuras de alto perfil como Nancy Pelosi y Mike Crapo.
- Se han pronunciado más de 20 asociaciones del sector privado estadounidense.
- La investigación podría derivar en sanciones o cuotas compensatorias si se comprueban irregularidades.
Para el estado de Querétaro, estas discusiones en el Capitolio poseen una relevancia directa debido a su perfil exportador. La entidad se ha consolidado como un centro logístico e industrial donde el sector automotriz y de manufactura avanzada dependen directamente de la estabilidad del TMEC. Cualquier ajuste en las reglas de origen, fiscalización del SAT o restricciones a componentes internacionales impacta en la competitividad de las plantas locales que integran la cadena de suministro norteamericana.
Históricamente, Querétaro ha sido receptor de inversión extranjera directa que busca aprovechar las ventajas del tratado; por ello, la vigilancia de estas cartas legislativas es fundamental para las autoridades económicas locales y nacionales, especialmente en un año electoral donde la política comercial suele endurecerse para responder a las demandas de los votantes en Estados Unidos.
Las cartas enviadas al USTR funcionan como una hoja de ruta para la administración estadounidense y sientan las bases para futuras enmiendas de ley. La falta de canales de comunicación directa con los comités legislativos en Washington subraya la necesidad de que la Secretaría de Economía de México mantenga un seguimiento puntual y técnico de estos requerimientos para evitar que las posturas legislativas se transformen en barreras comerciales unilaterales.
