Durante el transcurso de 2025, el municipio de San Juan del Río ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a más de diez personas presuntamente vinculadas con el robo de hidrocarburos. Estas detenciones son el resultado de operativos de vigilancia en zonas de ductos y la periferia urbana de la demarcación.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que las investigaciones preliminares indican que la mayoría de los detenidos por este delito federal no son originarios de Querétaro, sino que provienen de entidades circunvecinas. Esta dinámica migratoria delictiva representa uno de los principales retos para las corporaciones de seguridad locales.
La administración municipal atribuye parte de la incidencia a la cercanía geográfica con el estado de Hidalgo, entidad que históricamente registra altos índices de extracción ilegal de combustible. Esta colindancia facilita el tránsito de grupos dedicados al huachicoleo hacia territorio queretano, lo que ha derivado en un reforzamiento de la vigilancia en las comunidades fronterizas.
Para hacer frente a esta problemática, se mantienen activos diversos mecanismos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno. La estrategia se basa en los siguientes ejes operativos:
- Mesas de seguridad virtuales realizadas cada viernes con autoridades estatales y federales.
- Patrullajes conjuntos entre la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- Intercambio de información técnica para la localización y clausura de tomas clandestinas en zonas rurales.
El edil sanjuanense enfatizó que la labor de la policía municipal es constante y diaria, funcionando como el primer respondiente en la detección de actividades sospechosas en los derechos de vía de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El objetivo primordial, señaló, es impedir el establecimiento de células delictivas externas que busquen operar en la región.
San Juan del Río se ha consolidado como un punto estratégico y vulnerable debido a la infraestructura energética que atraviesa su territorio, conectando el centro del país con el norte y occidente. En años anteriores, la demarcación ha enfrentado crisis derivadas de este delito, incluyendo riesgos de explosiones en zonas habitacionales y daños ambientales, lo que ha posicionado al combate del huachicol como una prioridad en la agenda de seguridad pública estatal para preservar la estabilidad social de la zona.
