El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, informó sobre la elaboración de una iniciativa de ley que busca reformar el tratamiento jurídico para adolescentes involucrados en delitos de alto impacto. El planteamiento central sugiere que menores de edad, a partir de los 15 años, puedan enfrentar procesos judiciales bajo esquemas de responsabilidad penal similares a los de adultos cuando se trate de ilícitos graves.
La propuesta surge como una respuesta institucional ante el panorama de seguridad actual y busca actualizar el marco legal frente a actos que atentan directamente contra la vida y la integridad física. Según la administración municipal, el objetivo es evitar que el criterio de edad se convierta en una vía para la impunidad en casos de extrema violencia.
De acuerdo con los detalles del proyecto, la modificación legal se enfocaría en un catálogo específico de delitos considerados de alto impacto social. La autoridad municipal subrayó que esta medida es necesaria debido a que personas menores de edad están siendo partícipes en dinámicas de violencia que requieren una respuesta estatal más contundente.
Entre los delitos que contempla la iniciativa para la aplicación de criterios de justicia para adultos se encuentran:
- Homicidio doloso.
- Feminicidio.
- Violación.
- Secuestro.
El alcalde manifestó que quien posee la capacidad de realizar un atentado contra la vida debe tener una corresponsabilidad ante la ley proporcional al daño infligido. Para ello, se seguirán los canales legislativos correspondientes para buscar el respaldo y la posible implementación de estas modificaciones en el sistema de justicia estatal.
En el estado de Querétaro, la discusión sobre la justicia para adolescentes ha evolucionado con un enfoque en la reinserción; sin embargo, esta propuesta de Corregidora se da en un contexto nacional donde grupos de la delincuencia organizada reclutan activamente a menores de edad aprovechando su condición jurídica diferenciada. En años recientes, la zona metropolitana ha reforzado sus operativos de seguridad, pero la participación de jóvenes en hechos delictivos ha generado una demanda social de revisión normativa.
La administración de Corregidora aclaró que la propuesta no busca una criminalización automática de las juventudes, sino que está acompañada de una estrategia integral. El proyecto incluye el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis del entorno familiar y social de los involucrados.
Además de la vía punitiva, el plan integra medidas de acompañamiento que incluyen atención psicológica, educación y capacitación técnica. Se busca que el sistema judicial también cuente con herramientas para detectar factores de riesgo y evitar la reincidencia a través de la reconstrucción de proyectos de vida, sin descuidar la protección a las familias y la seguridad de la comunidad.
La iniciativa será presentada formalmente ante las instancias legales para su análisis y debate, con la finalidad de actualizar las herramientas del Estado frente a los retos de seguridad que enfrenta la región.
