El diputado local por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, informó que el reciente veto aplicado a la Ley de Identidad de Género constituye un incumplimiento de los acuerdos políticos establecidos entre su bancada y el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Querétaro.
De acuerdo con el legislador, la aprobación de esta normativa formaba parte de un pliego de compromisos signados por ambas fuerzas políticas. García Pérez detalló que estos acuerdos permitieron en su momento la reestructuración de la Mesa Directiva de la Legislatura, bajo la premisa de que diversas iniciativas de agenda social, incluyendo la de identidad de género, recibirían el respaldo necesario para su validación.
El representante subrayó que el proceso de negociación contó con documentos firmados que daban certeza a los intercambios legislativos. En este sentido, lamentó que no se respetara el compromiso pactado, señalando que la integridad de los acuerdos es un pilar fundamental para el ejercicio de la política en la entidad.
Ante la controversia generada por el contenido de la ley, Arturo Maximiliano García Pérez realizó diversas aclaraciones para desestimar señalamientos realizados en el espacio público:
- Menores de edad: El diputado aclaró que la iniciativa aprobada no contempla que personas menores de edad puedan acceder al trámite de modificación de identidad de género.
- Competencias deportivas: Precisó que la legislación no establece criterios para el ámbito deportivo, ya que la regulación de estos eventos corresponde exclusivamente a los organismos rectores locales, nacionales e internacionales.
- Infraestructura: Respecto a la implementación de baños neutros o bigénero, recordó que este modelo ya es una realidad operativa en diversas instituciones de educación superior dentro de Querétaro.
El legislador reiteró que el objetivo primordial de la reforma era otorgar certeza jurídica y garantizar los derechos humanos de las personas que requieren actualizar su documentación oficial para que esta coincida con su identidad.
La actual Legislatura del Estado de Querétaro se ha caracterizado por una distribución de fuerzas que obliga a la construcción de consensos transversales. En meses pasados, la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva fue el detonante de una serie de diálogos que permitieron destrabar temas de justicia social y derechos civiles que habían permanecido en la congeladora legislativa durante periodos anteriores.
Este escenario de veto por parte del Poder Ejecutivo estatal abre una nueva etapa de tensión entre las fracciones parlamentarias, especialmente en lo referente al cumplimiento de las agendas acordadas al inicio del actual periodo de sesiones. La resolución de este conflicto definirá la viabilidad de futuras alianzas legislativas para temas presupuestales y de gobernanza en el corto plazo.
